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Familiares de los privados de libertad recluidos en los calabozos del Eje contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de los Valles del Tuy, con sede en el sector El Cujial de Santa Teresa, piden que se realice un operativo médico asistencial para garantizar la salud de los presos.
José Aponte, padre de un menor de 16 años de edad detenido en esta sede policial, aseguró a El Pitazo, el 13 de abril, que hay internos con cuadros clínicos delicados y de allí que se requiere que los atiendan, sobre todo en este momento cuando una pandemia de COVID-19 afecta al mundo.
«Hace una semana murió el preso Derwin Díaz (22) en el hospital Pérez Carreño de Caracas. Tenía tuberculosis; le dieron un beneficio de casa por cárcel; sus familiares lo llevaron al hospital y falleció de un paro respiratorio, y así como él, hay muchos otros enfermos», acotó.
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Aponte indicó que durante la Semana Santa estos internos se declararon en huelga de hambre, la cual suspendieron luego que se les prometieran que se instalarían mesas de trabajo con la presencia de defensores de los Derechos Humanos. «Confiamos en que estas actividades se realicen, porque, además, los 53 presos allí recluidos se están viendo afectados con el retardo procesal», añadió.
Detalló que previo a la cuarentena social decretada debido a la pandemia por coronavirus, muchos de los presos estaban esperando ser llevados a tribunales para continuar con su proceso legal y otros aguardaban por el traslado a una cárcel, tras ser condenados.
«A mi hijo lo sentenciaron a dos años de prisión y desde hace cinco meses está a la espera de que lo trasladen al Servicio de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente del estado Miranda (Sepinami),», acotó.
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