Francotiradores y la Dgcim tomaron oficialmente la comunidad de Ikabarú

Cacique pemón Walter Torres advirtió un posible ataque armado en contra de la población de Parkupik por irregulares escondidos en una zona llamada "Fariñero"

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El viernes se perpetró una masacre que dejó ocho muertos en Ikabarú | Foto: cortesía

Un grupo de francotiradores de la gobernación de Bolívar se instaló en la comunidad de Ikabarú en la Gran Sabana, situación que aumenta la tensión y zozobra que viven habitantes y mineros de la zona tras la masacre ocurrida el viernes, que dejó ocho muertos.

La información la ofreció la gobernación del estado Bolívar mediante un boletín de prensa que reza, que además de los francotiradores se encuentran funcionarios de la Dgcim y comandos rurales, para «reforzar la presencia de la Fuerza Armada Nacional, y así garantizar el control en dicha zona que pretendía ser desestabilizada por un grupo de delincuencia organizada».

Foto: cortesía

Esta instalación se produce en medio de los reiterados pronunciamientos realizados por caciques del pueblo Pemón que aseguran que la matanza fue producida precisamente por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro para tomar el control de este sector donde se extrae oro, diamantes y otros minerales.

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Mediante un audio de WhatsApp, Walter Torres, capitán de la comunidad Pemón de Parkupik alertó de un posible ataque a su comunidad, por parte de un grupo armado. Detalló que estos irregulares se encuentran en una zona denominada Fariñero, por lo que llamó al resto de los capitanes indígenas de Gran Sabana  a unirse.

Fue él mismo quien grabó un video en su comunidad advirtiendo que se sienten amenazados por el gobernador Justo Noguera y llamando a la comunidad internacional a qué se pronuncie ante los ataques armados que han sufrido indígenas de la Gran Sabana.

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Gran parte de los pobladores de Ikabarú comenzó a desplazarse hacia Brasil y Santa Elena de Uairén tras cerrar sus casas y negocios, esto precisamente por el temor que alegan sentir tras el asesinato de «Chichí» y Cristóbal, hermanos que controlaban las minas y a su vez, mantenían a raya tanto al hampa como al gobierno.

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El martes fue sepultada una de las víctimas, el sargento GN Antonio Perera (46), sin practicarsele la autopsia.

Familiares de las otras siete víctimas también alertaron que serán sepultados en el transcurso de este martes sin que se les aplicara la necropsia.

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