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La Corte Suprema de Justicia de Colombia anunció que transfirió a la Fiscalía las investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por sus presuntos vínculos con paramilitares que cometieron masacres y mataron a un defensor de derechos humanos en los años 90.
En un comunicado, el alto tribunal explicó que perdió competencia para investigar a Uribe, en prisión domiciliaria desde el 5 de agosto, ante su «renuncia a su condición de congresista» y remitió el proceso «a la Fiscalía General de la Nación».
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En Colombia los expresidentes solo pueden ser investigados por el Parlamento, pero Uribe estaba bajo la jurisdicción de la Corte en su condición de legislador. A mediados de agosto, el exmandatario renunció al escaño que ocupaba desde 2014, tras la decisión de los magistrados de enviarlo a prisión domiciliaria mientras lo investigaban por un caso de manipulación de testigos contra un legislador de izquierda.
Uribe, que siempre ha negado cualquier comportamiento delictivo, alegó falta de garantías e imparcialidad por parte del tribunal. El exjefe de Estado fue gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997) donde se produjeron los hechos por los que está siendo investigado.
