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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) brindó este viernes su apoyo a la campaña Navidad sin presos políticos en Nicaragua, que promueven los familiares de las personas encarceladas por rechazar al gobierno del presidente Daniel Ortega.
“CIDH y su Meseni (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua) apoyan Navidad sin presos políticos (…) la protesta social es un derecho", sostuvo el organismo adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Según la Asociación de Familiares de Presos Políticos (Afpp), más de 160 opositores permanecen en prisión, algunos de ellos por más de un año y otros fueron capturados tras haberlos dejado ir, como el caso de la estudiante belga nicaragüense Amaya Coppens.
Según organismos defensores de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, los presos políticos en Nicaragua son víctimas de torturas, humillaciones, tratos crueles e inhumanos, violaciones sexuales, y al menos uno, el nicaragüense estadounidense Eddy Montes Praslín, murió al recibir el disparo de un carcelero.
La campaña Navidad sin presos políticos es desarrollada por la Afpp desde octubre, sin que hasta ahora logre convencer a Ortega, cuyo gobierno decidió excarcelar hoy a 1.292 delincuentes comunes.
La campaña incluyó en noviembre una huelga de hambre de al menos nueve madres de presos políticos, que fue suspendida en su segunda semana para salvar la salud del sacerdote Edwing Román, a quien la Policía encerró junto con las mujeres en su parroquia, tras cortar los servicios de agua y energía.
Un grupo de 16 presos políticos, incluida Coppens, fue capturado por la Policía mientras intentaban dar agua a las mujeres y al sacerdote a través de las ventanas de la parroquia San Miguel Arcángel, en la ciudad de Masaya (Pacífico).
El grupo fue acusado por la Fiscalía del delito de tráfico de armas y municiones, lo que la Afpp ha interpretado como la confirmación de atribuir delitos comunes a los opositores como excusas para encarcelarlos.
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El gobierno de Nicaragua excarceló a 620 presos políticos a mediados de año, bajo una Ley de Amnistía que los beneficiados no reconocen, ya que sostienen que protestar no es delito.
Los opositores han sido capturados a propósito de la crisis sociopolítica que desde abril de 2018 ha dejado cientos de presos, muertos y desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados, en protestas contra Ortega.
La Cidh estima que al menos 328 personas han muerto en el contexto de la crisis. Organismos locales cuentan hasta 651 víctimas. Ortega acepta 200.
Tanto la Cidh como la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), responsabilizan al gobierno de Ortega por la violencia en Nicaragua.
Ortega, quien lleva tres periodos consecutivos en el poder desde 2007, asegura que se defiende de un golpe de Estado fallido.
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