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Caracas.- El procurador de Derechos Humanos de El Salvador, José Apolonio Tobar, señaló el jueves, 2 de abril, una serie de restricciones al trabajo de la prensa por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada (FAES), en medio de una cuarentena por COVID-19.
El funcionario aseguró que tienen registros de que miembros de la PNC y del Ejército «han restringido» la labor de los comunicadores «destruyendo material periodístico». Esta misma situación ha sido denunciada por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) en diversas ocasiones.
Tobar también denunció las «restricciones a realizar preguntas en las conferencias de prensa informativas» sobre la situación de enfermedad por COVID-19 en El Salvador, y que empleados de la Presidencia «han impedido la realización de entrevistas a algunos funcionarios para ampliar información».
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Otro punto que preocupó al procurador de DDHH fue la exclusión de los periodistas, de la lista de personas que pueden movilizarse en medio de la cuarentena domiciliar obligatoria.
Nuevo decreto presidencial
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, publicó en sus redes sociales un nuevo decreto ejecutivo -firmado el 30 de abril- que respalda la cuarentena obligatoria y en el listado de excepciones no se incluía a quienes ejercen el periodismo o trabajan en medios de comunicación.
«Esas disposiciones no contemplan a las personas periodistas o comunicadoras, lo cual en la práctica puede traducirse en diversas afectaciones a los derechos humanos, entre ellas: libertad de prensa y libertad de expresión», analizó Tobar en un pronunciamiento público.
La APES también dio cuenta de la salida de los comunicadores de dicho listado, en el que se encontraban en versiones anteriores del decreto, por lo que exigieron su modificación.
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El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, dijo en sus redes sociales que existe un «decreto emitido solo para ese efecto», la circulación de periodistas. El documento rectificando se dio a conocer pasadas las 6:00 pm del jueves, 2 de abril, y señala que «se autoriza el funcionamiento de los distintos medios de comunicación así como la libre circulación del personal que labora en los mismos».
La Asamblea Legislativa, al aprobar el estado de excepción, no dio al Ejecutivo del presidente Nayib Bukele la potestad de prohibir el funcionamiento de los medios de comunicación.
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