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Mérida.- Wuilderman Paredes Moreno cumple este lunes, 8 de junio, un año de haber sido asesinado por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). El efectivo disparó balas y perdigones contra civiles desarmados que llevaban una semana en una cola para surtirse de gasolina en Los Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina del estado Mérida. Una de esas balas impactó en el pecho de Paredes y le causó la muerte en el acto.
«Hoy hace un año lo mató ese policía. Ojalá se haga justicia. Nosotros queremos justicia, que eso no se quede así», dijo Génesis Paredes a El Pitazo este 8 de junio, expresándose en su nombre y en el de su madre, también de Wuilderman, María Leonora Moreno.
Cinco funcionarios de la PNB están detenidos por el hecho, entre ellos Juan Batista Cordero Freites, jefe de ese cuerpo policial en el estado Mérida y quien dio la orden de disparar contra las personas que exigían respeto a la cola de gasolina debido a irregularidades en el surtido.
Paredes murió con 32 años de edad y dejó a su única hija, de apenas 6 meses de nacida. Su madre, su hija y su concubina, Zulibeth Dugarte, son las víctimas por extensión del asesinato, representadas por abogados del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA).
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Ejecución extrajudicial
En nota de prensa difundida este lunes, el ODH-ULA hace un resumen del curso judicial del caso, que ha sido llevado por esta organización a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y lo calificó como una ejecución extrajudicial.
«El ODH-ULA insiste en resaltar que el asesinato de Wuilderman Paredes y las lesiones causadas a otras dos personas durante el ataque policial no fueron el resultado colateral de una acción para dispersar una protesta ni una alteración del orden público. Fue un crimen cometido por un policía en el ejercicio de sus funciones, quien cumplía una orden de su superior», enfatiza la nota.
Gerardo Paredes, primo del fallecido, también resultó herido de gravedad en el hecho al recibir más de una docena de disparos que le desfiguraron el rostro y lo obligaron a someterse a varias cirugías.
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Juicio con irregularidades
El juicio por este caso comenzó el pasado 13 de enero, más de seis meses después de ocurrido el crimen. El ODH-ULA reseña en su nota de prensa las irregularidades cometidas a lo largo de todo el procedimiento judicial, entre ellas reiterados diferimientos de las audiencias, desestimaciones de solicitudes legales de la defensa y restricciones de acceso al expediente.
«La irregularidad más grave en el procedimiento judicial de este caso denunciada por el ODH-ULA fue el ejercicio como abogado defensor de uno de los acusados por parte de Efraín Alexis Rivas Sosa, quien en noviembre de 2019 fue designado Fiscal Auxiliar Interino en la Sala de Flagrancia adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida. Este doble rol como abogado y fiscal cesó cuando este Observatorio lo denunció públicamente», resalta el ODH-ULA.
Al igual que el resto de los procedimientos judiciales que estaban en curso antes del inicio de la cuarentena nacional por COVID-19, el juicio por este caso se encuentra detenido.
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