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Mérida.- Juan Bautista Cordero Freites y Fredy Bladimir Rodríguez, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Mérida, salieron en libertad plena el pasado 6 de abril de 2021. Así lo informó el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) en una nota de prensa difundida este viernes, 9 de abril.
«La boleta de excarcelación fue emitida por el Tribunal Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Mérida el 23 de marzo del corriente, luego de que la Corte de Apelaciones considerara inadmisible el recurso de apelación en la modalidad de efecto suspensivo que solicitó la Fiscal Nacional designada para este caso sobre la sentencia de libertad que dictó el juez de juicio el 22 de octubre de 2020″, precisa la nota del ODH-ULA.
Los hermanos Gerardo Paredes y Luis Paredes fueron agredidos por los referidos policías el 8 de junio de 2019, en el marco de un ataque ordenado por el funcionario Cordero, quien para ese momento era el jefe estadal de la PNB. Las víctimas se encontraban junto a su primo, Wuilderman Paredes Moreno, en una cola de gasolina que tenía más de una semana en las inmediaciones de la estación de servicio de Los Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina de Mérida. Los dos policías que ahora están en libertad actuaron junto a otros tres funcionarios en el ataque.
Wuilderman Paredes Moreno fue asesinado con arma de fuego por el PNB Luis Gerardo Vargas, único funcionario sentenciado a prisión por este hecho. El ODH-ULA presentó este caso ante la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Organización de Naciones Unidas (ONU). La funcionaria, después de conocer el caso, envió una carta al gobierno venezolano el 9 de marzo de 2020 solicitando respuesta sobre el mismo. Sin embargo, el referido observatorio señala que aún no el gobierno no ha emitido respuesta.
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Irregularidades en el debido proceso
El equipo jurídico del ODH-ULA, cuyos abogados asumieron la defensa legal de Gerardo Paredes, Luis Paredes y las víctimas por extensión de Wuilderman Paredes, rechazó la decisión de la Corte de Apelaciones y denunció las irregularidades cometidas en este caso.
Falta de debida notificación a las víctimas, retrasos y diferimientos injustificados de audiencias, incumplimiento de los lapsos previstos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y reiteradas violaciones al principio jurídico de igualdad de las partes son las irregularidades que señala el observatorio.
«La más reciente irregularidad es que la decisión de la Corte de Apelaciones no fue comunicada a las partes implicadas, que en este caso son Gerardo y Luis Paredes, quienes durante el juicio identificaron a esos funcionarios policiales como sus agresores. Así mismo, este observatorio expresa su preocupación sobre el hecho de que la Corte de Apelaciones considerara inadmisible un recurso interpuesto por una Fiscal Nacional del Ministerio Público, tratándose precisamente de delitos contra los derechos humanos», resalta la citada nota de prensa.
Lesiones permanentes por los disparos
El ODH-ULA también hace énfasis en que Gerardo Paredes sufrió lesiones por los disparos recibidos que le dejaron secuelas permanentes, algunas de las cuales le impiden de por vida trabajar en su oficio como mecánico de vehículos. Luis Paredes, su hermano, también recibió agresiones que le causaron lesiones menores.
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«A pesar de las evidencias físicas de las lesiones causadas a Gerardo Paredes, durante el juicio la Fiscalía no llamó a testificar a los médicos que lo atendieron. La víctima fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas tras el ataque para poder salvarle la vida», precisa el observatorio.
Intimidación a las víctimas
El 22 de octubre de 2020 tuvo lugar la audiencia final del juicio sobre este caso. Allí el juez dictó la sentencia absolutoria consistente en libertad plena para cuatro de los cinco policías acusados por este hecho. Al día siguiente, Gerardo Paredes y su familia fueron intimidados por funcionarios de la Policía del estado Mérida.
«Dos funcionarios con uniformes de la Policía del Estado Mérida, a bordo de una motocicleta, se estacionaron frente a la vivienda de Gerardo Paredes. Su esposa presenció el hecho y refirió que la mujer policía, que iba de pasajera, le dijo a su colega masculino, quien conducía la moto: “Sí, es aquí". La víctima y su familia se sienten intimidados e indefensos ante el acto de impunidad que dejó en libertad a sus victimarios. Gerardo Paredes y su esposa viven con sus tres hijos, todos menores de edad», reseña el observatorio.
El ODH-ULA exige al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisar este caso para «revertir las decisiones que dejan impune un ataque armado ejecutado por funcionarios de la fuerza pública contra civiles desarmados». Piden a las autoridades competentes velar por la seguridad de Gerardo Paredes, Luis Paredes y sus respectivas familias, quienes temen represalias.
