Valera.- La comunidad estudiantil del Núcleo Universitario Rafael Rangel (Nurr), de la Universidad de los Andes, en el estado Trujillo, se prepara para iniciar un nuevo semestre en condiciones de sobrevivencia. Esto de acuerdo a lo informado por Giovanny Castellanos, vicerrector decano encargado de esta casa de estudios, este jueves, 19 de septiembre.
Castellanos recordó que en el núcleo no hay comedor, tampoco transporte estudiantil y su personal padece los bajos salarios. Además la infraestructura está deteriorada y el déficit presupuestario no alienta la adquisición de equipos o el desarrollo de trabajos de investigación.
Estas son solo algunas de las razones por las cuales el decano consideró que la sentencia 324 del Tribunal Supremo de Justicia, la cual exhorta a elecciones en seis meses, es una imposición que no resuelve los verdaderos problemas de las universidades.
“En esta semana se va a llamar a inscripciones para el nuevo semestre B- 2019 y vamos a hacer una invitación para el primero de octubre, a una asamblea informativa para saber el alcance y las consecuencias de la sentencia 324 del Tribunal Supremo de Justicia, del 27 de agosto. Esa sentencia no lo soluciona nada, simplemente divide a los venezolanos, a los universitarios”, declaró Castellanos.
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Quieren elecciones
La máxima autoridad del Nurr detalló que los universitarios están ganados a mantener las puertas abiertas, pese a la crisis, y quieren elecciones, pero apegadas a la Ley de Universidades y no de caprichos políticos.
“Nosotros queremos elecciones. Tenemos once años limitados por el TSJ para realizarlas. Somos los más interesados, pero la Ley de Universidades, la autonomía nos obliga a la legalidad y la manera cómo pretende el gobierno no cumple con ese requisito”, expresó.
Castellanos está de acuerdo con la participación de todos los sectores de la universidad, pero en las proporciones establecidas por la ley.
Títulos de egresados
En cuanto a los más de 200 egresados, quienes siguen perjudicados por la no aprobación del Registro Principal de Trujillo para legalizar los títulos, comentó que la ULA canaliza un amparo constitucional.
“La próxima semana viene una comisión de Mérida, de la consultoría jurídica, a entrevistarse con estas personas. El objetivo es establecer un amparo constitucional, que nos permita desde el punto de la legalidad abrir esa puerta que el gobierno no quiere”, finalizó Castellanos.
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