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Barinas.- José Javier Rondón, abogado representante de los propietarios del fundo Rancho Moderno, centro de recría, en el municipio Antonio José de Sucre, estado Barinas, denunció que por negligencia de funcionarios del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai) pueden morir de hambre 165 cabezas de ganado a las que invasores del predio les cerraron todas las entradas a los potreros de la finca.
Por medio de un video subido a sus redes sociales el martes, 20 de julio, acompañado de Cecilia Gunther, una de las dueñas del fundo, Rondón dijo que durante todo el día esperaron la presencia de una comisión del Insai, cuyo propósito era verificar cómo los animales están circunscritos a los alrededores de la finca, sin poder comer de los pastizales, porque los invasores les impiden el paso.
De acuerdo al profesional del derecho, «las reses están hacinadas y en riesgo manifiesto de que puedan morir a corto plazo porque están cerradas todas las vías de acceso que el ganado tiene hacia los potreros y está circunscrito a las instalaciones».
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Piden a las autoridades un pronunciamiento inmediato porque está en riesgo la producción eficiente de carne y leche que se producen en rancho moderno, porque quienes deben garantizar la soberanía alimentaria para el país les cercenan todos los caminos para seguir produciendo, función que han cumplido durante 53 años.
Invasores demandados
En el mes de abril, José Javier Rondón introdujo ante el Tribunal Superior Cuarto Agrario de Barinas, un recurso contencioso administrativo de nulidad de actos administrativos de efectos particulares, relacionados con títulos de adjudicación de tierras fraudulentos emitidos por funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (Inti).
La demanda, introducida el pasado 27 de abril del 2021, de acuerdo a la información aportada vía telefónica a El Pitazo por el abogado Rondón, incluye a varios funcionarios públicos en el ámbito nacional, regional y municipal, entre ellos el registrador público inmobiliario de los municipios Pedraza y Sucre y otros funcionarios del Servicio Autónomo de Registros y Notarias (Saren).
Rondón aseguró que la demanda introducida por sus representadas está relacionada con los más de 150 títulos de adjudicación de tierras fraudulentos emitidos por funcionarios del Inti, en enero del 2021, entre los que aparecen como beneficiarios una serie de funcionarios públicos nacionales, estatales, municipales, políticos y algunos de sus familiares.
