San Carlos.- Dos policías de Cojedes fueron detenidos y se encuentran presos, uno de la Policía de San Carlos y la otra de Policojedes, luego de denunciar a un fiscal del Ministerio Público que los extorsionaba por la suma de 1.500 dólares, para no involucrarlos en un delito.
Personas allegadas a la familia, quienes prefirieron no revelar su identidad por temor a represalias, indicaron que están presos como represalia al haber denunciado al fiscal. Señalaron que en la audiencia de presentación les imputaron a los funcionarios, Luis Ernesto Alarcón Quintero y Liliana Carolina Alarcón Quintero, asociación para delinquir, tratos crueles e inhumanos y violación de morada, delitos que no cometieron.
El hecho tuvo lugar el 6 de octubre de 2019, cuando Fernando Ramón Martínez Fernández, fiscal sexto de control con competencia en materia de familia, le pidió a los dos uniformados la suma de 1.500 dólares para no imputarlos por los delitos que presuntamente habían cometido.
Los parientes contaron que los uniformados conscientes de su inocencia procedieron a contactar al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional de Cojedes, por lo que pactaron una entrega controlada en la ciudad de Valencia, estado Carabobo.
De acuerdo con lo relatado por la familia, el fiscal fue capturado cuando recibía la entrega del dinero. En este sentido, el Ministerio Público anunciaba a través de la red social Twitter la aprehensión del referido funcionario a quien se le imputaron los delitos de extorsión agravada y agavillamiento.
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Los hechos
De acuerdo con lo recabado, Liliana Carolina Alarcón Quintero, funcionaria de Policojedes en Lagunita, municipio Ricaurte, se encontraba de guardia en ese destacamento policial y recibió una llamada de que a su hijo lo estaban robando a mano armada, por lo que le avisaron a una patrulla que se traslada al sitio y una multitud señala al victimario, a quien se le consiguieron las evidencias.
Los parientes aseguraron que en ningún momento Liliana Alarcón salió del comando ese día, pero una de las hermanas de la víctima, casi dos semanas después, fue al Centro de Diagnóstico de Lagunitas y dijo que había abortado por una golpiza que le propinaron estos dos policías.
Los allegados de los policías aseguran que esto es una represalia en su contra al haber denunciando la extorsión de la que fueron víctimas, por parte del fiscal del Ministerio Público. Sostuvieron que esperan que este caso se haga público y que llegue hasta Tarek William Saab, fiscal general, y se haga justicia.
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