Dirigente de VP Barinas denunció persecución y hostigamiento del Sebin

Barinas.- El coordinador político regional del partido Voluntad Popular en Barinas, Jesús Macabeo, denunció en la Defensoría del Pueblo el hostigamiento y persecución de la que es víctima por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Considera que tales acciones son violatorias a sus derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución nacional.

Acompañado de su abogado y dirigentes regionales de su tolda política, Macabeo introdujo un documento en el que explica la situación por la que está pasando él, su familia y allegados más cercanos, por la represión de la que es objeto solo por pensar diferente de quienes ejercen el poder.

Denunció en su escrito el asedio permanente y acentuado de funcionarios del Sebin en sus actividades públicas, violando abiertamente lo establecido en el artículo 19 de la Constitución que reza que, “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen".

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Ajustado a sus derechos constitucionales, Macabeo le solicitó al defensor del pueblo que inicie las investigaciones respecto al atropello, persecución, hostigamiento y acoso constante en su contra por parte de los funcionarios del Sebin, porque se trata de prácticas que no solo le vulneran sus derechos ciudadanos, sino que ponen en peligro su integridad física y emocional.

Agregó en su escrito que posee pruebas suficientes para mostrar el acoso del que es víctima, especialmente el pasado 3 de febrero, cuando su hogar fue asechado por dichos funcionarios policiales. Así mismo, la constante persecución que le mantienen y que le impide su libre  desenvolvimiento en menoscabo a sus derechos estipulados en el artículo dos de nuestra carta magna, que establece que en Venezuela rige un estado democrático y social de derecho y de justicia; razón por la cual exigió al Estado venezolano, a través de la Defensoría del Pueblo, que le garantice su integridad física y el libre desenvolvimiento de sus actividades.