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Guanare.- Familiares de cerca de 200 reclusos con procesos penales en curso ante los tribunales de juicio y ejecución del estado Portuguesa reclaman atención institucional. Piden agilizar sus causas judiciales. «Algunos tienen hasta 8 y 9 años esperando por juicio", aseguró la madre de uno de ellos frente a los tribunales de Acarigua, en una protesta adelantada el pasado 21 de julio.
Estos detenidos forman parte de los 2.103 privados de libertad que fueron trasladados en entre el 12 y el 17 de mayo de 2020 desde Guanare, la capital de Portuguesa, a cárceles de Barinas, Lara, Zulia, Falcón, Táchira y Carabobo y a penitenciarias en transición, tras el desalojo del Centro Penitenciario de los Llanos Occidentales (Cepello) por ocurrencia de unos hechos violentos dónde hubo 47 muertes y 67 heridos.
María Alvarado, vocera del grupo de los trasladados hacia el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, explicó que allí hay 60 detenidos. «Tenemos más de 15 días viniendo a los tribunales de Acarigua y no nos garantizan nada: Lo que nos dicen es que la comisión judicial de Caracas no se ha pronunciado, pero ya estamos cansados», sostuvo.
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María López, familiar de los trasladados a la cárcel de Puente Ayala, en el estado Anzoátegui, afirmó que en ese penal hay, de ese grupo, unos 56 presos. «Estos, los nuestros, los de Portuguesa, están en situación de indefensión, no así los reclusos de otros estados que son atendidos por otros tribunales. Esos si ya salieron, pero los de aquí nada que los atienden", señaló.
Entre tanto, Yuletzis Gutiérrez, vocera de los trasladados a Barinas, dijo que han perdido la paciencia esperando respuestas. “Las primeras dos semanas de reclamo se hicieron cargo de los casos de comisaría y aseguraron que para la tercera semana ya nos atenderían a nosotros, pero ya van cuatro semanas y nada, solo nos siguen peloteando", destacó. En este grupo existen 80 privados de libertad y asegura que la mayoría ya pagaron la condena.
Los cómputos de la pena es uno de los reclamos más sentidos de los reclusos. Yuletzis Gutiérrez afirma que “esto se ha vuelto todo un comercio en dólares».
Edison Rincones, vocero de los trasladados a Tocuyito, pidió ser oídos en las mesas de trabajo de la Comisión para la Revolución Judicial.
Los familiares informaron que los presos se encuentran en estado de desnutrición y enfermos. «Tenemos que hacer pago movil para que les puedan dar de comer y el que no tiene pues pasa mucha hambre".
