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Acarigua.- Familiares de privados de libertad que fueron desalojados a mediados del mes de mayo del Centro Penitenciario de los Llanos (Cepella), de Guanare, en Portuguesa, y trasladados a otras cárceles del país, denunciaron que los reclusos están enfermando y muriendo de desnutrición y tuberculosis, sin que las autoridades brinden apoyo médico y aceleren sus procesos judiciales.
El pasado lunes 3 de agosto fue reportada la muerte de Jorvin Humberto Pastrán Mendoza, de 33 años de edad, y quien era uno de los 433 internos traslados a la Comunidad Penitenciaria Fénix y al Centro Penitenciario David Viloria -en el estado Lara-, tras la orden de la Ministra de Servicios Penitenciarios de la administración de Nicolás Maduro, Iris Varela.
El deceso de Pastrán Mendoza se produjo en la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado Lara. Según con el informe médico forense, la causa fue tuberculosis. Su cuerpo fue ingresado a la Sala Patología del Hospital Universitario Antonio María Pineda de Barquisimeto, desde allí, las autoridades notificaron a sus familiares de la muerte.
A través de un contacto telefónico con El Pitazo, una de las voceras de los allegados de los reclusos, que pidió no revelar su identidad por temor a represalias, indicó que las condiciones de la población penal que cumplía condena en el Cepella, se ha venido agravando con los traslados, ya que por la radicalización de la cuarentena decretada a causa del COVID-19, no han podido ni siquiera recibir ayuda de sus familias.
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“Han pasado casi tres meses desde que nuestros familiares fueron llevados a las dos cárceles de Lara. Nos dijeron que harían un plan Cayapa para acelerar sus causas penales y las libertades, los trasladaron con esa promesa, pero hasta el momento no ha ocurrido nada de eso. Al contrario, están muriendo de hambre y enfermedades que ha contraído a donde se los llevaron», dijo la ciudadana, esposa de uno de los procesados llevados a Lara, hasta donde no ha podido llegar para constatar su condición, por las restricciones de movilización tomadas por la pandemia.
En las últimas semanas, las familias de los reos, que fueron enviados a otras cárceles del país, tras la masacre registrada el pasado 1 de mayo, en la que 47 reclusos perdieron la vida y otros 70 resultaron heridos, han protestado frente al Circuito Judicial Penal de Acarigua, y también han acudido a las Alcaldías de Páez y Araure, solicitando la intervención para resolver la situación que están viviendo, ante la paralización de las actividades del sistema de administración de justicia que ha derivado en un retardo procesal.
«Las madres, hermanas esposas e hijos, de estos internos y queremos tenerlos vivos y sanos. Y que sus derechos sean respetados. Estos muchachos no se están alimentando bien y nosotras no podemos viajar a llevarles comida. No tienen ni siquiera agua donde están», dijo la denunciante.
Según los familiares, cuando se realizaron los traslados a otros centros penitenciarios, entre el 13 y el 16 de mayo, no se les brindó información con respecto en cuáles, específicamente serían dejados. «Poco a poco se ha logrado recabar los datos a medida que los mismos internos van comunicándose. La Ministra de Servicios Penitenciarios nunca aportó un listado».
