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Acarigua.- Sin precisar cifras, el gobernador del estado Portuguesa, Rafael Calles, aseguró este lunes, 4 de mayo, que entregó urnas para dar cristiana sepultura a parte de los fallecidos del motín registrado el pasado viernes 1 en el Centro Penitenciario Los Llanos (Cepella), ubicado en Guanare. De esta manera -afirmó-, está colaborando con los familiares.
La información la aportó en un encuentro con algunos medios locales. El mandatario no les respondió preguntas a los periodistas ni ofreció cifras o detalles de la investigación que realizan los órganos de administración de justicia para esclarecer el hecho en el que murieron 47 privados de libertad y otros 75 resultados heridos.
«A los familiares que reclamaron a sus deudos les hemos colaborado con la urna para que se les haga una cristiana sepultura. Hemos dado nuestro pequeño grano. Agradecemos al alcalde de Guanare, Oscar Novoa, y a los órganos de seguridad que han estado muy atentos», indicó Calles sin precisar el número de familias que recibieron la ayuda.
Trabajadores de las funerarias de Guanare y Acarigua apuntaron que al menos 19 familias pagaron la gastos fúnebres de este número de fallecidos y que se hicieron traslados a otros municipios del estado, como Páez, Araure y Agua Blanca, y a otros estados, como Lara, Barinas y Mérida.
Por su parte, la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Beatriz Carolina Girón, precisó a El Pitazo que los cuerpos de los reos entregados a los deudos se encontraban irreconocibles por el estado de descomposición que presentaban. Dijo que así los describieron los familiares, quienes además aseguraron que a algunos lograron identificarlos por los tatuajes u otras marcas en sus cuerpos.
«El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones conoció que los cadáveres no fueron debidamente refrigerados porque las cavas de la medicatura forense tienen dos años dañadas. Tampoco había camillas suficientes para colocar los cuerpos, ni insumos para el aseo del lugar. Algunos difuntos fueron dejados en camillas, pero a la intemperie», expresó Girón.
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En el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias (Senamecf) de Guanare no contaban con personal suficiente para practicar las autopsias, por lo que solicitaron apoyo de Caracas, Lara y Barinas. «La entrega de los cuerpos se convirtió en un verdadero calvario para los familiares. A las nueve de la noche del 2 de mayo, después de 36 horas de espera, los deudos retiraron 5 cuerpos, porque se fue la luz y no se pudo continuar con la labor. Fue el domingo cuando entregaron otros 17 cadáveres; mientras, los no identificados fueron enterrados en fosas comunes», aseguró la directora del OVP.
Asimismo, la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), la Red Justicia y Libertad y otras 65 organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, exigieron a los organismos nacionales e internacionales el esclarecimiento de la reyerta y el enfrentamiento entre reos y efectivos militares que custodiaban la penitenciaría de Guanare.
En un comunicado público las ONG expresaron: «Las personas privadas de libertad tienen derecho a que se les respete la vida, la integridad física, el debido proceso y todos los derechos humanos por igual. En los últimos años se ha agravado el estado de vulnerabilidad de la población reclusa por las condiciones insalubres, de hacinamiento y sin garantías en las que se encuentran».
Estas organizaciones exhortaron a las autoridades a precisar información clara sobre lo ocurrido. «Las familias merecen conocer el estado de quienes ahí continúan. De igual manera, el país y la opinión pública tienen derecho a conocer con precisión lo ocurrido en el lugar», indicaron.
A su vez, la Red de activistas de Derechos Humanos del estado Portuguesa indicó que la realidad de los privados de libertad de la región se ha venido manifestando con antelación. Al respecto, considera que esta población es vulnerable. «Cabe destacar la tragedia acaecida el pasado mes de mayo del 2019 en la comisaría de Campo Lindo, Acarigua, estado Portuguesa -donde también murieron 30 reclusos-, producto de la crisis del sistema penitenciario del país», afirmó la Red.
En un comunicado emitido por esta misma organización, se exhorta al Estado venezolano a respaldar totalmente las garantías constitucionales, pues son derechos humanos de la población que se encuentra en los centros penitenciarios y en los centro preventivos. La Red precisa que en estos sitios hay carencia de servicios básicos, hacinamiento, no clasificación y falta de atención médica, a lo que se suma un pronunciado retardo procesal como resultado de la supremacía del encarcelamiento.
El texto se concluye haciendo un llamado urgente para que el sistema penitenciario venezolano sea examinado a la luz de las normativas jurídicas suscritas y los lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para garantizar los derechos humanos de las personas procesadas o privadas de libertad en Venezuela.
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