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Los familiares de los 16 niños que fueron deportados el pasado 22 de noviembre desde Trinidad y Tobago, se encontraban en desesperación por saber el paradero y estado de salud de sus hijos.
La mayoría de los niños en los barcos eran parientes de venezolanos que están registrados legalmente en el programa del Gobierno para trabajar en este país.
El padre de uno de los niños dijo a la AFP que vive en Trinidad y Tobago desde hace dos años y que enviaba dinero a Venezuela para ayudar a su esposa a cuidar a sus cuatro hijos.
«Cada día es más crítico y difícil para ellos sobrevivir, así que le dije a mi esposa que viniera aquí con nuestra hija mayor«, contó el hombre.
La hija de 11 años de la venezolana Gregoria Figueredo también se encontraba entre entre el grupo de migrantes deportados de regreso a su tierra natal en piraguas.
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La madre de la menor se encontraba desesperada, sin dejar de ver su teléfono a la espera de recibir noticias sobre el estado de su hija.
“Estoy desesperada, muy desesperada. Estoy ansiosa. No lo sé si mi hija ha comido o bebido algo ", dijo Figueredo al medio Guardian.
Estos padre se enontraban entre el grupo de migrantes venezolanos que se toparon con la noticia de que la corte anuló un recurso de hábeas corpus presentado por la abogada Nafeesa Mohammed para evitar las deportaciones.
El caso fue anulado después de que el juez Avason Quinlan-Williams dictaminó que los botes con los migrantes deportados ya no estaban en la jurisdicción de Trinidad y Tobago porque habían entrado en aguas venezolanas.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima en más de los cinco millones del éxodo de venezolanos que se cuenta desde 2015; al menos 24.000 han llegado a Trinidad y Tobago.
