![Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)](https://i1.wp.com/elpitazo.net/wp-content/uploads/2020/01/Screenshot_47-696x397.jpg)
Maracaibo.-La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) registró 657 muertes en hechos violentos con participación de funcionarios de los cuerpos de seguridad durante 2019.
La ONG precisó que en el último semestre del pasado año, se documentó la muerte de 407 personas en hechos que terminaron en enfrentamiento con los organismos policiales. La cifra es 62,80 por ciento superior a la registrada en el primer semestre, lapso en el que ocurrieron 250 fallecimientos. Todas las personas asesinadas fueron calificada como presuntos delincuentes por las autoridades policiales, asegura Codhez.
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«Durante el segundo semestre de 2019, hubo 310 supuestos enfrentamientos entre miembros de diversos cuerpos de seguridad del Estado venezolano y presuntos delincuentes, y una persona privada de libertad bajo custodia del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) fue asesinada a golpes», indica el bolentín de la organización.
La mayoría de las víctimas son hombres y no superaban los 30 años de edad. La ONG indican que de los 409 muertos del segundo semestre de 2019, 407 eran del género masculino.
El balance también precisa que la mayoría de los enfrentamientos ocurrieron en Maracaibo (34,41 %), seguido de San Francisco (16, 27%), Baralt (8,04%), La Cañada de Urdaneta (7,07%), Cabimas (5,47%), y Miranda (4,82%).
El organismo de seguridad que registra mayor participación en los operativos que terminaron con personas fallecidas es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (CICPC). Estuvo involucrado en al menos 72 hechos violentos, casi la cuarta parte del total registrado. A la Policía Científica le segue las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).
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Codhez considera que existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las Faes.
La Comisión indica que los resultados presentados van en sintonía con lo establecido en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, y coinciden sobre la existencia de un patrón en estas presuntas ejecuciones extrajudiciales: «ocurren contra jóvenes varones en el contexto de operativos de seguridad en barrios marginales, sin que se hayan tomado medidas para prevenir la comisión de estas privaciones arbitrarias de la vida».
La ONG exhorta al Estado venezolano a dar cumplimiento a sus obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación integral a las personas víctimas de violaciones a la vida y al debido proceso.
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