Barquisimeto.- Integrantes de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores del Campo, la Ciudad y la Pesca protestaron este jueves 17 de octubre en la Fiscalía Superior del estado Lara para exigir el reenganche de 112 empleados de Pepsi y la liberación de cuatro sindicalistas de Alimex y dos técnicos de Cantv detenidos en septiembre, acusados de boicot y contrabando en procedimientos que califican de arbitrarios.
Solicitaron medidas de protección ante la reducción de personal, la persecución judicial, el cierre forzoso de compañías y la violación de los contratos colectivos en Cantv, Movilnet, Empresa Socialista Pedro Camejo, Alimex, Cargill, Pepsi, Azucarera Río Turbio, P&G, Semosa, Covencaucho entre otras.
Según la organización, entre enero y octubre se han registrado 400 despidos injustificados en 25 empresas —privadas y estatales— de Lara.
La filial de Pepsi en Barquisimeto acumula el mayor número de casos: 112.
“Utilizan la figura de la suspensión de la relación de trabajo, pero son despidos injustificados. En la agencia Pepsi alegan la caída de la producción cuando se mantienen los mismos niveles de 2017. El personal sale una o dos horas más tarde de lo previsto porque debe cubrir los vacíos", explicó el representante del Sindicato Trabajadores Bolivarianos del sector Alimentos (Sintraboalimentos), Pedro Vargas.
En P&G el panorama es similar, sostuvo el sindicalista Franyer González. La compañía notificó al Ministerio del Trabajo la suspensión de 250 trabajadores —más de la mitad de la nómina— y la planta solo cuenta con 50 trabajadores activos en las cuatro líneas de producción de detergentes y empaques.
“La empresa asegura que no puede cubrir la nómina completa por falta de producción, transporte y comedor. La producción de detergentes en octubre será de ciento sesenta mil kilos cuando el promedio mensual de años anteriores era de quince millones", dijo.
Providencias ignoradas
El presidente de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores del Campo, la Ciudad y la Pesca, Eliecer Vargas, denunció que los patronos desacatan las providencias administrativas que autorizan el reenganche de los trabajadores despedidos, mientras que las fiscalías han incumplido con su función de investigación y seguimiento.
“El Ministerio Público debe fijar posición ante los despidos injustificados de trabajadores, delegados de prevención, sindicalistas con fuero. El artículo 425 de la Ley Orgánica de Trabajo establece que en caso de que los patronos ignoren una providencia administrativa, deben ponerse a la orden de fiscalía. La fuerza pública tiene la obligación de abrir procedimientos por desacato a la autoridad", detalló.
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Enviados a sus casas
El secretario de organización de la Unión Sindical del Proletariado de la Azucarera Río Turbio, Luis Arturo Mendoza, advirtió que la mayoría de los trabajadores de distintos sectores han sido enviados a sus casas por el “cierre fraudulento de empresas" sin la autorización del Ministerio del Trabajo.
Sobre la Azucarera Río Turbio que abastece entre el 10% y 15% del mercado nacional, contó que cumplieron 30 días sin operaciones y está en riesgo la zafra 2019-2020. 541 empleados fueron despachados. “Hemos recurrido al mercado informal en busca de ingresos porque sin producción solo cobraremos el sueldo básico", añadió.
En Cargill solo quedan 18 de 60 trabajadores. “La empresa está paralizada desde hace más de un año. La gerencia apuesta al desgaste para que desistimos y justifiquen el cierre de la filial", subrayó el sindicalista Héctor Diaz.
Seis trabajadores presos
En Lara hay seis trabajadores —cuatro de Alimex y dos de Cantv— detenidos desde hace un mes en calabozos del Cicpc.
Luis Rivas, Roger González, Eugenio Montes y Miguel Ángel Álvarez, sindicalistas de Alimex, son acusados de boicot, pero allegados descartaron que hayan sido encarcelados por este motivo. Alertaron que se trata de una retaliación porque han liderado las protestas por reivindicaciones laborales.
Mientras que José Ulacio y Edgar Mendoza, técnicos de Cantv, son acusados de contrabando de material estratégico aunque el día del procedimiento portaban los permisos para transportar el material, aclaró el secretario de reclamos de la Unión de Obreros y Empleados de la Industria de Telecomunicaciones (Unoemitel), Rafael Avendaño.
“Llamamos a la fiscal superior Ana Luisa Gómez que se pronuncie por la detención de José Ulacio y Edgar Mendoza en virtud de que los supervisores han venido a declarar que no hubo robos. No hay ningún elemento que los involucre en actividades ilícitas", agregó.
Empleados de Cantv y Movilnet de Barquisimeto han manifestado que durante sus inspecciones han sido hostigados por funcionarios de seguridad del Estado.
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