Por: Nehomaris Sucre
Antes de salir del poder Carlos Andrés Pérez liberó a 116 soldados que participaron en los intentos de golpe de Estado de 1992. Por su parte, Rafael Caldera le siguió con una política de conciliación y dio libertad incluso al líder de la intentona del 4 de febrero: Hugo Chávez. Corría entonces el año 1994 y nadie podía vaticinar las consecuencias de tal decisión.
Como si de un país nuevo e irreconocible se tratara, en la Venezuela de hoy el poder ejecutivo y el sistema de justicia actúan con una dureza innecesaria sobre los presos políticos, en especial sobre los militares. Así fueron dadas las recientes sentencias de hasta 15 años que deben cumplir los sargentos de la Guardia Nacional sublevados en Cotiza en 2019.
De los 24 sargentos, Luis Bandres fue quien recibió la condena más alta: 15 años y 9 meses por los delitos de motín e instigación. Los otros 23 militares fueron sentenciados a 7 años y 9 meses.
En el informe de la Misión Independiente de la ONU se describe la tortura que han padecido los sargentos en manos de la Dgcim. Respecto a Bandres se precisa que lo golpearon con un bate, le dieron patadas, incluso en sus genitales, lo asfixiaron con una bolsa y lo electrocutaron en distintas partes del cuerpo. Cuando el militar se desmayó por la electrocución, vertieron agua sobre él y le aplicaron corriente eléctrica de nuevo.
Producto de las torturas el militar se defecó y los efectivos de la Dgcim lo obligaron a comer sus propias heces fecales. Sumado a esto, Luis Bandres sufrió un intento de abuso sexual con un palo de pico. Todos estos detalles los señala el informe de la Onu.
En enero de este año, Bandres llevó a cabo una huelga de hambre, y su esposa Sandra Hernández denunció que el militar se encontraba en estado de aislamiento en la celda de castigo “tigrito" ubicada en la cárcel de La Pica, la razón del castigo fue que se negó a utilizar una camisa roja durante la visita familiar.
Después de que se conociera la sentencia, Hernández hizo pública en sus redes sociales la declaración de su esposo respecto al veredicto:
“Si es decisión de este tribunal sentenciarme injustamente siendo yo inocente de las afirmaciones infundadas hechas ante esta sede de justicia, sepan con el debido respeto, que juré y ofrendé mi vida a la nación, aunque mi tumba sea una celda de una cárcel".
La ausencia de juicio fue uno de los principales reclamos que hicieron los familiares de los sargentos de Cotiza durante los tres años que llevan recluidos los efectivos. Ahora el juicio y la sentencia han llegado, pero a qué costo, pues las condenas han sido abrumadoras.
Actualmente hay 130 militares presos políticos, según datos de la Ong Foro penal ¿Cuál será el destino de ellos? es difícil saberlo en un país en el que la separación de poderes dejó de existir desde hace mucho tiempo.
NEHOMARIS SUCRE | @Neho_Escribe
Politóloga y militar retirada.
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