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Cuando se disponía a sellar su pasaporte y trasladarse a la capital de Colombia, Bogotá, el vicepresidente de Organización de Primero Justicia (PJ) en Zulia y jefe del Despacho de la Alcaldía de Maracaibo, Pedro Guanipa, fue aprehendido sin motivos legales. Así lo denunció su hermano Tomás Guanipa, a través de la red social X (Twitter).
Caroll Figueredo, esposa de la víctima, manifestó el desconocimiento de su paradero. La detención de Pedro Guanipa ha sido interpretada por diversos dirigentes políticos como una nueva amenaza y un chantaje para que se entregue a las autoridades su hermano Juan Pablo Guanipa –uno de los más cercanos colaboradores de la líder de Vente Venezuela (VV), María Corina Machado–.
Un mes antes, el 28 de agosto, tras finalizar la manifestación Acta mata sentencia, que convocó Machado, su comando de campaña denunció a través de X la persecución a Juan Pablo Guanipa, quien también es dirigente PJ y hermano de Pedro, y Biagio Pilieri, coordinador de Convergencia, por un grupo de hombres no identificados.
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Pilieri fue capturado junto a su hijo y llevado a El Helicoide. Guanipa logró escapar, pero su hermano Pedro ahora se suma a los 11 encarcelados de la tolda aurinegra contabilizados hasta la fecha.
Dos meses han transcurrido desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio, que dieron ganador a Nicolás Maduro para un tercer periodo de 6 años, y desde que se iniciaron las protestas nacionales el 29 de julio por el anuncio.
Los cuerpos de seguridad del Estado encarcelaron a un total de 1.867 venezolanos, identificados y confirmados por la organización Foro Penal hasta el 23 de septiembre, por protestar, emitir opiniones contrarias a los ideales del Gobierno, o simplemente por permanecer en la calle aunque no estuvieran manifestando.
De este total, 1.637 son hombres, 230 mujeres, 68 adolescentes -entre los 14 y 17 años-, y 159 militares. 151 fueron condenados. »Hemos registrado y calificado el mayor número de presos con fines políticos conocido en Venezuela, al menos en el siglo XXI», reveló la ONG en X.
De acuerdo con la organización, casi 1.000 personas se encuentran en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón.
A la extensa lista de detenidos -en su mayoría jóvenes- se anexan 64 actores políticos, 18 periodistas y 5 activistas por los derechos humanos, que fueron interceptados en la calle, en las autopistas, o sacados de sus hogares sin orden de allanamiento ni motivos explícitos.
Perseguidos por opinar
Para el final de agosto, hubo 59 arrestos de actores políticos en todo el país. En víspera del segundo mes tras las elecciones, se suman 5 arrestos más, contando el de Pedro Guanipa.
El 4 de septiembre fueron detenidos en diferentes estados Jesús Superlano, dirigente del partido de izquierda Patria Para Todos (PPT), y Nizar Askul, de Voluntad Popular. El primero capturado en la ciudad de Barquisimeto, Lara. El segundo interceptado en un parque del estado Barinas cuando paseaba con su hija de dos años. Presuntos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y otra persona sin identificar se lo llevaron. Lo liberaron a las 6.00 p.m. del mismo día.
El 12 de septiembre, el coordinador del partido Prociudadanos, Leocenis García, fue arrestado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), presuntamente, tras colgar un video en sus redes sociales donde manifestó el »ultraje» a la Constitución venezolana y la »vulneración» del artículo 5 que dicta: »La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo (…) Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos».
Su familia aseguró que lo habrían acusado de »terrorismo» por esto. El coordinador fue trasladado a la cárcel El Rodeo I, según una publicación de la abogada Tamara Suju en la red X. García quiso aspirar a la presidencia el 28 de julio, pero el CNE ilegalizó el partido que encabeza.
También se contabilizó el arresto de Héctor Alonso Esqueda, coordinador regional en Cojedes del partido político Generación Independiente (Gente), ocurrido el 4 de agosto, que no había sido sumado a este registro.
Periodista en Tocorón
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Cuerpos de seguridad continúan hostigando a medios de comunicación, periodistas y activistas de derechos humanos por ser contrarios a la orientación política y las acciones del Estado. Para finales de agosto, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) tenía registrada la detención de 17 periodistas, de los cuales 7 ya fueron liberados.
Un caso se suma a esta lista: el de Virmalia García. Fue aprehendida días después del arresto del comunicador Victor Ugas, capturado en su residencia por efectivos de seguridad después de una confrontación verbal y física en la zona de fumadores de un local con el tiktoker oficialista Emmanuel Marcano.
Ugas fue presentado ante tribunales e imputado por presuntos delitos de incitación al odio y agavillamiento, posteriormente trasladado a Tocorón. García acompañaba a Ugas en el momento del altercado y, de acuerdo con el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), fue detenida el 20 de agosto en la urbanización San Bernardino, Distrito Capital, por dos presuntos funcionarios encapuchados.
El CNP informó para este reportaje que García se encontraría en la estación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de El Valle.
El reporte de la ARI resalta el arresto de cinco activistas –con dos liberaciones– en todo el país. Este último registro se mantuvo sin novedades en el último mes.
Declaraciones internacionales
Entre los actores políticos, diez se encuentran recluidos en El Helicoide, tres en Tocorón, uno en el Centro Penal de Tocuyito, otros estarían repartidos entre sedes locales del Sebin y comisarías; mientras que se desconoce el paradero exacto del resto de los recluidos.
Diez políticos fueron imputados por presuntos delitos de incitación al odio, resistencia a la autoridad, asociación para delinquir o terrorismo; once del grupo quedaron liberados.
En el informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones las Unidas (ONU), presentado ante el Consejo General en Ginebra, Suiza, el 20 de septiembre, se denunció que en la mayoría de los casos, las detenciones se ejecutaron sin una orden judicial, pese a no existir flagrancia, o sin informar del motivo.
El documento observó la práctica de negar el derecho a la defensa privada de los arrestados y la imposición de la defensa pública. Los detenidos fueron puestos a disposición de los jueces mucho después del plazo de 48 horas fijado en el marco legal. Además, no se les permitió contactar a sus familiares.
En el documento se detallan las torturas aplicadas a los presos por motivos políticos: golpes con puños y planchas de madera o bates envueltos en espuma, descargas eléctricas –incluso en los genitales–, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría, y privación de sueño con iluminación constante y música a muy alto volumen.
También se comentaron las condiciones de reclusión en celdas pequeñas, de cuatro metros cuadrados e insalubres. »Ejemplos incluyen las prisiones de máxima seguridad El Rodeo I y Yare III, donde los reclusos enfrentan aislamiento, falta de alimentos y agua potable, y restricciones arbitrarias de visitas», señala el documento.
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