Caracas.- La designación de un defensor público para la defensa de detenidos en las protestas postelectorales se ha convertido en una preocupación adicional entre los familiares, según declararon algunos allegados, quienes aseguran que su actuación es lenta y dificultosa.
En varios casos de detenciones de adolescentes por protestar y de ciudadanos que publicaron su rechazo al resultado electoral en un estado de WhatsApp, los defensores públicos se han disculpado con familiares, después de recomendarles a sus defendidos que se declaren culpables por los delitos de traición a la patria y terrorismo, para que así les disminuya la pena. “Nos dicen que ellos cumplen órdenes, que los disculpen", detalló la madre de un adolescente preso, a quien se le protegió su identidad.
El cargo de defensor público figura en la legislación venezolana como aquel profesional del derecho que asesora y representa, de forma gratuita, a nacionales y extranjeros en cualquier grado del proceso penal. Según datos extraídos de la página web de la Defensa Pública, actualmente hay 1.500 defensores públicos disponibles en 66 sedes de todo el país.
“Esta representa la única opción de los presos políticos a quienes se les niega la defensa por abogados de elección o confianza de sus familiares, como se establece en la Constitución, lo que representa una violación al debido proceso", explicó un abogado que solicitó resguardo de su identidad.
En junio de este año, la líder opositora María Corina Machado denunció que la defensa pública, impuesta a las personas que ese mes fueron detenidas por estar vinculadas con su comando de campaña, les solicitó que la acusaran a cambio de su liberación.
Refiriéndose a los 37 dirigentes políticos detenidos hasta ese entonces, Machado declaró que “el defensor público que tiene la mayoría de los detenidos es una persona que se ha dedicado a decirles que si ellos me acusan de ser directamente responsable por los delitos en los que supuestamente están implicados, serían liberados".
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Desesperación
Varios de los parientes entrevistados por El Pitazo, aseguraron que en los casos de las detenciones por participar en las protestas en rechazo a los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la presidencial, los defensores les solicitan que consigan testigos, preferiblemente de los lugares de trabajo, que declaren que el detenido iba o regresaba de su puesto laboral cuando fue apresado.
“Hay desespero entre familiares por conseguir pruebas de que su familiar solo venía del trabajo porque nadie quiere ser testigo. A la madre de un joven preso le dieron una constancia de trabajo en la que se especificaba el turno que cubrió el día de su detención, pero, según su defensor, eso no le sirve", declaró el jurista.
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Sobre sus responsabilidades
Entre las obligaciones de los defensores públicos dispuestas en la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, destaca el artículo 26: «(…) vigilar el respeto de los derechos y garantías constitucionales de sus defendidos y defendidas y orientar, asistir, asesorar o representar ante las autoridades competentes, los intereses y derechos jurídicos de sus defendidas o defendidos, a cuyo efecto deben hacer valer todas las acciones, excepciones o defensas que correspondan».
En el artículo 7, es muy clara la norma sobre la defensa de los Derechos Humanos que corresponde al defensor público: “(…) las Defensoras Públicas y Defensores Públicos se encuentran legitimados para solicitar al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo el inicio de la investigación correspondiente por la presunta violación de los derechos humanos de la que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones y realizar el respectivo seguimiento a las actuaciones realizadas".
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