Caracas.- El excandidato presidencial Antonio Ecarrri anunció que acudirá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar, mediante una extensión de un recurso que introdujo el 6 de agosto, la anulación de la sentencia de la Sala Electoral que convalidó los resultados de la elección del 28 de julio que el Consejo Nacional Electoral (CNE) divulgó sin ningún tipo de auditoría.
Ecarri, postulado por la Alianza Lápiz para la elección presidencial, destacó el martes que el país transita la peor y más grave crisis política, social e institucional de los últimos 100 años. Además, dijo que no se quedaría de brazos cruzados frente a una «inconformidad popular tan grande y el sistema democrático y la legitimidad en juego«.
«Voy a solicitar que el Tribunal Supremo de Justicia haga tres cosas: anular las actuaciones de la Sala Electoral; ratificar las reglas de los procesos electorales en Venezuela e instar a los poderes públicos a convocar una alta comisión constitucional que permita resolver la grave crisis institucional que hoy existe en Venezuela», precisó Ecarri.
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Ecarri dijo que los resultados de la elección presidencial del 28 de julio no lo favorecieron; sin embargo, afirmó que seguirá luchando por la democracia en medio de un descontento popular sin precedentes en el país. «Lo sucedido entre los días 28, 29 y 30 de julio no se puede esconder», apuntó.
Ecarri calificó de capitulación, además, la decisión del excandidato presidencial unitario de la oposición mayoritaria, Edmundo González, quien se vio forzado a salir del país y hoy está en el exilio en España tras denunciar amenazas y presiones en su contra, además de una orden de captura que fue anunciada por el Ministerio Público.
«Hay un descontento popular muy serio que debe ser atendido y canalizado. Ni la represión ni la capitulación de un candidato pueden taparlo. Los que se manifestaron en los sectores populares y rurales no son fascistas», agregó Ecarri.
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El excandidato presidencial agregó que apuesta por una amnistía general a favor de los más de 2.000 detenidos en protestas por los resultados electorales que anunció el CNE y que, así como el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que en los próximos días cerraran el caso vinculado con González Urrutia, aspira a que se cierren los casos de los «detenidos de los barrios populares que no tienen quienes hablen por ellos».
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