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Caracas.- En cuatro meses, el gobierno de Nicolás Maduro ha ordenado allanamientos, detenciones y persecuciones en contra de cinco Organizaciones No Gubernamentales que ayudan a personas en estado de vulnerabilidad. El caso más reciente es el de Azul Positivo, una ONG dedicada a brindar apoyo a pacientes que padecen VIH: cinco de sus directivos fueron imputados por los delitos de uso indebido de instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
Los politólogos y profesores universitarios Fernando Spiritto y Óscar Vallés coinciden en que el gobierno de Nicolás Maduro evita el pluralismo y la defensa al ciudadano que representan medios de comunicación, partidos políticos y ONG.
“Lo que ellos quieren es destruir a la sociedad. La están atacando por todas partes", señaló Spiritto y explicó que las ONG forman parte de los cuerpos intermedios que están entre el poder y la ciudadanía.
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A su juicio, Maduro no quiere tener estos cuerpos, sino el acceso directo con los venezolanos para aplicar el terror, la violencia o los instrumentos clientelares como el Clap sin que exista una organización que denuncie las violaciones de los derechos.
“Siempre le han preocupado a la revolución", dice Vallés cuando se refiere a las ONG. Ya en 2010, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista había puesto sobre la mesa una ley que prohibía el financiamiento internacional. En aquel momento, Súmate, una asociación civil dedicada al tema electoral, fue el blanco del gobierno de Hugo Chávez.
Vallés explica al respecto que estas ONG actúan en el ámbito social y reciben financiamiento por medio de la cooperación internacional, lo cual no es delito. Sin embargo, el gobierno utiliza las leyes para apartarlos y ser el “gran monopolio" de la demanda social.
Estas actuaciones del gobierno de Maduro solo afectan al ciudadano que recibe ayuda, capacitación y formación por parte de organizaciones como Alimenta La Solidaridad, Convite, Provea, Acción Solidaria y Azul Positivo, caso por el cual la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios decidió suspender de manera temporal el programa de transferencias monetarias que forma parte de las actividades de la respuesta humanitaria que ofrece las Naciones Unidas debido a “la falta de claridad sobre el marco institucional financiero y bancario" de Venezuela.
No obstante, ni Spiritto ni Vallés consideran que el gobierno vaya a desaparecer estas ONG “porque no pueden", pero sí continuarán ejerciendo su aparato represor e intimidatorio para que no sean la voz del ciudadano que reclama medicinas, un salario digno, alimentos, calidad de vida y hasta ejecuciones extrajudiciales cometidas por organismos de seguridad del Estado.
