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Maracaibo.- El tribunal 4to de Control del estado Zulia dictó, la noche de este 14 de enero, medida privativa de libertad contra cinco miembros de la Organización No Gubernamental Azul Positivo. La decisión estuvo a cargo de la jueza Yesiré Rincón Pertuz y la Fiscalía 77, que solicitó la privación, a cargo del fiscal titular José Gregorio Rondón y del fiscal auxiliar Reyner Ramírez Morales.
La información la precisó la Comisión para los Derechos Humanos en el estado Zulia (Codhez) que alertó sobre lo que califican como “la materialización de una agresión sin precedente al espacio humanitario en Venezuela".
Los cargos que se les imputan a los cinco miembros de la ONG Azul Positivo son: manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales. El sitio de reclusión es la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
La defensa de los representantes de Azul Positivo pidió nulidad absoluta del procedimiento, violación al debido proceso y alegan que la aprehensión incurre en crimen de lesa humanidad.
Los detenidos son el director de la ONG, Johán León Reyes, junto a Yordi Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebús. Bermúdez necesita atención médica urgente porque hace una semana sufrió un accidente cerebro vascular.
Los cinco representantes de la ONG fueron detenidos desde el pasado 12 de enero cuando una comisión de funcionarios de la Dgcim intervino su oficina y les hicieron interrogatorios para luego llevárselos a la sede ubicada en la ciudad de Maracaibo.
Azul Positivo es Acción Zuliana por la Vida y fue fundada en 2004. Contribuye con organizaciones de salud del estado y con programas de Naciones Unidas en la frontera del estado Zulia con Colombia. También ofrece información y acompañamiento en materia de VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
Entre los años 2015 y 2020 atendieron a 43.992 personas en Zulia, no solo en áreas urbanas, porque el trabajo también lo llevan a zonas rurales en Sur del Lago y la Costa Oriental del Lago.
Durante 2020 al menos 999 personas tuvieron acceso de manera gratuita a pruebas rápidas de detección de VIH y todos los programas de atención, prevención y educación son gratuitos.
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La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, exigió la “liberación inmediata y el cese del acoso y el enjuiciamiento penal de ONG y defensores de derechos humanos".
