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jueves, 15 febrero, 2024

Barráez, Suju y San Miguel, las mujeres que persigue el Gobierno por Brazalete Blanco

El gobierno de Nicolás Maduro detuvo a la abogada Rocío San Miguel. Días antes había anunciado orden de captura contra la periodista Sebastiana Barráez y la activista de derechos humanos Tamara Suju. Las tres mujeres fueron vinculadas con la presunta trama conspirativa llamada Brazalete Blanco

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Caracas.- El gobierno de Nicolás Maduro apunta a tres mujeres. Dos de ellas son abogadas y una es periodista especializada en la fuente militar. El poder oficial las señala por presunta trama conspirativa y magnicidio en un caso que el Gobierno ha denominado Brazalete Blanco.

Se trata de Tamara Suju, Sebastiana Barráez, ambas con orden de aprehensión, y Rocío San Miguel, privada de libertad en el Helicoide desde el 13 de febrero, según el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab.

Por el caso de la operación Brazalete Blanco hay siete militares detenidos por sus presuntos vínculos con este ataque y se libraron órdenes de captura contra otros dos militares, contra Sebastiana Barráez y Tamara Suju.

Según declaraciones de Tarek William Saab, entre mayo de 2023 y enero de 2024 se planearon cinco conspiraciones contra Nicolás Maduro, y la operación Brazalete Blanco es una de ellas.

Gobierno impone prisión a Rocío San Miguel en el Sebin

Cuando Saab informó sobre las detenciones por el caso de Brazalete Blanco no mencionó que había orden de captura contra Rocío San Miguel. La abogada, según representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), está en condición de desaparición forzada desde el pasado 9 de febrero de 2024, cuando iba a viajar desde el aeropuerto internacional de Maiquetía junto a su hija. 

El fiscal general asegura que San Miguel está detenida en el Helicoide, y las ONG sostienen su denuncia de desaparición forzada porque justamente ella sufre en este momento la vulneración de sus derechos humanos elementales, entre los cuales está poder ver a su familia y a sus abogados.

La abogada y activista Rocío San Miguel es la presidenta de Control Ciudadano, ONG que cuestionó el acto de expulsión y degradación de 33 militares de la Fuerza Armada Nacional (FAN), notificado por el Ministerio de Defensa el 24 de enero. 

Después de este anuncio, San Miguel, con experiencia en el área de seguridad, advirtió que este acto de expulsión no cumplía con lo previsto en el código de la institución porque no se informaron sobre las sentencias de estos militares ni el componente al que pertenecían. 

Los abogados que defienden a San Miguel aseguraron a medios de comunicación que antes de que ella intentara viajar a Miami no había recibido información de que había una orden de captura en su contra, tal como aseveró el fiscal general. 

Mujeres víctimas de discriminación

La ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) advirtió en noviembre de 2023 que las activistas y defensoras de los derechos humanos enfrentan retos únicos impulsados por discriminación y desigualdad contra las mujeres y los estereotipos sobre su supuesto papel en la sociedad.

«Las defensoras de derechos humanos son objeto de acciones represivas por parte de los Estados o de grupos privados o paraestatales: leyes y prácticas restrictivas en materia de libertad de asociación, de expresión, de reunión y de asociación pacífica, campañas de difamación, malos tratos, amenazas de muerte, detención y encarcelamiento arbitrarios, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos», señaló la organización.

Cepaz agregó que las mujeres que exigen derechos en representación propia o de comunidades en estado de vulnerabilidad enfrentan desaprobación y estigmatización. Además, esas actividades de defensa conducen muchas veces a que otros cuestionen el hecho de que las mujeres participen en estos ámbitos.

Desde el año 2013 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas adoptó una resolución en la que piden: «Dejar de penalizar a las mujeres por su labor de transformación de la sociedad y de defensa de los derechos humanos y, por el contrario, generar disposiciones legislativas y administrativas internas que faciliten su trabajo».

¿Quiénes son las mujeres señaladas?

De las tres mujeres mencionadas, solo está detenida Rocío San Miguel, mientras que Sebastiana Barráez y Tamara Suju tienen orden de aprehensión. Desde que se supo de la desaparición forzada de San Miguel, los activistas de derechos humanos, diversas ONG y organismos internacionales vienen exigiendo que sea liberada.

Rocío San Miguel Sosa. Es abogada, activista de derechos humanos y preside la ONG Control Ciudadano. Desde 2012, San Miguel y su hija tienen medidas cautelares de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ataques en su contra y hostigamiento. Ha denunciado en instancias internacionales las políticas de discriminación, persecución y restricción de libertades por razones ideológicas que usa el Estado venezolano.

San Miguel fue una de las que promovió la denuncia por discriminación política de empleados de la administración pública en sus lugares de trabajo ante la CIDH por la lista Tascón, que contenía la identidad de las personas que solicitaban revocar en 2004 el mandato del entonces presidente, Hugo Chávez.

Gobierno impone prisión a Rocío San Miguel en el Sebin

Tamara Suju. Es una abogada penalista y defensora de derechos humanos exiliada tras recibir amenazas del Gobierno venezolano. Es directora ejecutiva del Centro de Estudios para América Latina (Casla Institute), dedicado al estudio y defensa de derechos humanos en América Latina, con sede en la República Checa. También es delegada ante la Corte Penal Internacional (CPI). Desde sus redes ha documentado casos de tortura, tratos crueles e inhumanos contra presos en el país desde el año 2002. 

María Sebastiana Barráez. Es periodista especializada en la fuente militar y escribe para Infobae, Punto de Corte y otros medios. Egresó como licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo para el Desarrollo Económico, de la Universidad de Los Andes (ULA). Es la autora de los libros El cáncer del presidente y La verdadera historia. También es conferencista sobre temas políticos y sociales, según su perfil en LinkedIn. Barráez negó las acusaciones en su contra y en redes sociales le ha dirigido dos mensajes al fiscal general.

En uno de esos mensajes destacó: «Usted me ha ligado a un acto que yo jamás compartiría (…) porque yo creo en la vida, pero más aún creo en la justicia de Dios, porque los que somos cristianos no le apostamos a la muerte».

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