Por: La Hora de Venezuela / Venezuela Vota
Caracas.- Después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro, los venezolanos iniciaron una serie de manifestaciones para demostrar su desacuerdo con los resultados que expuso el poder electoral, los cuales han sido señalados de fraude por la oposición. Ante la salida de la gente a la calle, el Gobierno ha desplegado cuerpos de seguridad para reprimir a los manifestantes, según explica Runrun.es.
Las 20 muertes contabilizadas desde el 28 de julio hasta el 2 de agosto por Monitor de Víctimas en el contexto de las protestas fueron ocasionadas por armas de fuego. Estas fueron disparadas por colectivos en seis casos, tres por funcionarios de la Guardia Nacional, una por policías, un caso fue mixto (funcionarios y colectivos) y en los ocho restantes los victimarios no pudieron ser determinados.
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La recopilación de datos arrojó que, en la gran mayoría de casos, los disparos se concentraron en el tren superior del cuerpo. Siete murieron por heridas en el cuello, tres recibieron tiros en la espalda, dos murieron por balas en el pecho, dos en el tórax, dos en la cabeza —uno en el ojo, específicamente— y otro caso en el abdomen.
Detenciones y acusaciones de terrorismo
Hasta el 3 de agosto de 2024, la ONG Foro Penal Venezolano contabilizó 891 detenciones en el contexto de las protestas generadas tras las elecciones presidenciales. De esa cantidad, al menos 89 son adolescentes. Distrito Capital, Anzoátegui y Carabobo son las entidades con más detenidos a la fecha.
Desde la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta, el 1 de agosto, el abogado de la organización Johan Ángel denunció que las audiencias de los detenidos se hacen de forma telemática. Agregó que la mayoría de ellos son adolescentes y no se les permite acceder a una defensa privada.
En declaraciones ofrecidas a Efecto Cocuyo, los abogados señalaron que los detenidos también son procesados en tribunales de terrorismo.
Por su parte, EFE recogió declaraciones del abogado Alí Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, quien denunció que no se les ha permitido que reciban visitas y, lo más grave, es que «en muchos casos ya se han superado las 48 horas para la presentación ante un juez», como lo ordena la ley.
A su vez, el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que al menos 75 de los detenidos fueron trasladados a las cárceles de Yare I, II y III, «donde se enfrentarán a condiciones inhumanas, como el hambre, hacinamiento, violencia intracarcelaria y falta de atención médica».
Contra la prensa
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que Deysi Peña, fotógrafa de la Alcaldía del municipio Carrizal, fue aprehendida el viernes 2 de agosto por funcionarios de la policía regional cuando estaba en la estación de servicio Los Nuevos Teques, en el estado Miranda.
Igualmente, el SNTP denunció la aprehensión del camarógrafo de VPITV Paúl León, en Valera, estado Trujillo, el pasado 30 de julio, y de Yousner Alvarado, reportero de Noticia Digital en Barinas un día antes. Alvarado se encuentra en el Destacamento 33 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y fue presentado e imputado por delitos de terrorismo.
También hubo detenciones de periodistas extranjeros: este viernes, 2 de agosto, los representantes de la Televisora Nacional de Chile Iván Núñez y el camarógrafo José Luis Tapia fueron detenidos y deportados.
La experiencia de los reporteros chilenos la vivió el periodista español Juan Ramón Martínez Minuesa, quien fue detenido cuando se dirigía a su hotel luego de cubrir las elecciones presidenciales. “Me secuestran y apenas me dicen que me van a llevar a España a las tres de la mañana. Al final termino en Colombia sin papeles, sin móvil y bastante humillado por las autoridades", declaró Minuesa a NTN24.
Allanamientos y persecuciones
A diferencia de otros procesos electorales y manifestaciones antigubernamentales, cuerpos de seguridad del Estado han allanado residencias de líderes sociales, miembros y testigos de mesa de oposición el pasado 28 de julio. El viernes 2 de agosto, agentes de seguridad allanaron la casa de Wilson Sierra en Bobare, estado Lara, de acuerdo con una denuncia hecha por el dirigente político Alfredo Ramos.
Igualmente, la ONG Provea denunció la detención de la activista Rita Capriti en Turmero, estado Aragua, a manos de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
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Un videoaficionado dio a conocer la aprehensión de Edwar Ocariz, miembro de Primero Justicia, en la Zona II de la urbanización La Rinconada, en Coche. De acuerdo con la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, 41 líderes políticos y sociales han sido detenidos de manera arbitraria durante el primer semestre de 2024.
A las advertencias sobre supuestas órdenes de captura emitidas en contra de la dirigente opositora María Corina Machado y el candidato unitario Edmundo González Urrutia se sumó la irrupción violenta, este 2 de agosto en la madrugada, en el comando nacional de campaña ubicado en Altamira, Caracas. Hombres encapuchados y armados sometieron bajo amenaza a los vigilantes. Rompieron puertas, se llevaron equipos y documentos y dejaron grafitis.
En esta misma jornada del 2 de agosto se conoció de la detención del excoordinador de Voluntad Popular y periodista Roland Carreño, quien fue excarcelado en octubre de 2023, después de tres años en prisión por cargos de terrorismo.
En la mañana del 30 de julio, en la urbanización El Cafetal, de Caracas, individuos armados en dos vehículos sin placa se llevaron al asesor electoral del Comando con Venezuela, Ricardo Estévez, de Vente Venezuela. Hasta el 31 de julio su familia no tenía respuestas de su paradero.
También el 30 de julio el dirigente político de Voluntad Popular Freddy Superlano fue detenido en un procedimiento similar al de Ricardo Estévez: hombres encapuchados se lo llevaron en un automóvil sin rótulos desde la urbanización caraqueña Sebucán.
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