Caracas.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE. UU.) anunció este 12 de septiembre la imposición de sanciones a 16 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, tal como informaron hace unas semanas diversos voceros norteamericanos.
Un experto en sanciones que trabajó para el Gobierno estadounidense explicó a El Pitazo que el Departamento del Tesoro puede recurrir a las órdenes ejecutivas 13850 y 13884, vigentes desde 2018 y 2019, para imponer restricciones a directivos del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) con el objetivo de aumentar la presión sobre Maduro y sus operadores.
“Los americanos abren un proceso donde investigan los perfiles [de los funcionarios] relacionados". La fuente lo describe como un trabajo administrativo que tarda de 8 a 14 semanas, en promedio. Aunque el tiempo puede reducirse de 4 a 6 semanas si es necesario, dijo el consultado, que pidió la reserva de su identidad.
En caso de congelar los activos de operadores financieros relacionados con el oficialismo, las autoridades rastrean los contratos y negocios suscritos por entidades o individuos con el Estado venezolano, comentó la misma fuente.
El alcance y aplicación de las medidas dependerá de la estrategia y el objetivo de las autoridades para condenar la represión postelectoral o el desconocimiento de los resultados de los comicios del 28 de julio, agregó.
La orden ejecutiva 13850 prohíbe al Gobierno de Venezuela o entidades vinculadas transacciones clave para su financiamiento como la exportación de oro, el transporte de petróleo o derivados. Mediante este programa se bloquearon 47 tanqueros, 24 operadores financieros y otros activos de entidades utilizadas para evadir las sanciones.
Mientras que la orden ejecutiva 13884 mantiene congelados los bienes y activos del Gobierno de Venezuela en territorio estadounidense. Esta última medida incluye al Banco Central de Venezuela (BCV), Petróleos de Venezuela, SA (Pdvsa) y cualquier persona o empresa que haya actuado en representación del oficialismo.
Además, autoriza a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) a incluir en la Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas, también llamada Lista SDN, a quienes hayan suministrado apoyo a la administración de Maduro.
“El (programa) 13884 tiene 5 sancionados y es el que operativamente ha afectado más porque incluye las aeronaves de Conviasa y buques que cargaron petróleo venezolano cuando se aplicaba la presión más grande", agregó la fuente al referirse a las medidas implementadas durante la gestión de Donald Trump en respaldo al gobierno interino de Juan Guaidó, que se proclamó en 2019.
Hasta el momento, el Departamento del Tesoro de EE. UU. no ha anunciado la nueva lista de sancionados, debido a que el oficialismo, a través de la administración de Gustavo Petro, intenta frenarlas en medio de una negociación. Este retraso estaría también relacionado con el impacto que tuvo la incumplida orden de detención en contra de Edmundo González.
Bloomberg: Estados Unidos anunciará 15 sanciones individuales contra funcionarios venezolanos
Cronología de las sanciones
En 2015, Barack Obama declaró a Venezuela amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y sancionó a 7 funcionarios de alto rango policial, militar y judicial, mediante la orden ejecutiva 13692, por su actuación en las protestas antigubernamentales de 2014. Esta medida, prorrogada en la administración de Joe Biden, tiene 115 sancionados a la fecha, dijo el experto consultado. La mayoría de los afectados ocupan o ejercieron cargos públicos durante la gestión de Maduro.
Los años siguientes, el Gobierno estadounidense extendió las medidas debido a la emergencia humanitaria, las violaciones de derechos humanos y la persecución y represión política en Venezuela.
En agosto de 2017, durante la gestión de Trump, Estados Unidos impuso las primeras sanciones al Gobierno de Venezuela en lugar de aplicar bloqueos contra individualidades. El Departamento del Tesoro prohibió la realización de “transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento a cualquiera de sus órganos o entes, incluida la empresa Pdvsa", detalla Transparencia Venezuela en el informe Sanciones internacionales: ¿origen o fin de la crisis?, publicado en 2020.
La administración de Trump justificó la aplicación de estas medidas en la usurpación del Poder Legislativo –entonces de mayoría opositora– mediante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC); la privación de alimentos y medicamentos a la población venezolana; el encarcelamiento de líderes políticos y la represión.
En 2018, el presidente Trump firmó otras dos órdenes ejecutivas para prohibir a individuos o entidades de o dentro de Estados Unidos comprar deudas del Gobierno de Venezuela y las exportaciones de oro.
Los decretos, firmados en mayo y noviembre de ese año, se aprobaron después de la elección no reconocida por la comunidad internacional en la que Maduro fue proclamado para un segundo período presidencial y “en vista de las acciones ejecutadas por el régimen para saquear la riqueza de Venezuela para sus propios objetivos corruptos", según información oficial.
Entre enero y abril 2019, EE. UU. sancionó a 5 instituciones clave para su financiamiento, incluyendo Petróleos de Venezuela, SA (Pdvsa), el Banco Central de Venezuela (BCV), el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y subsidiarias, además de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).
La reciente orden de detención contra Edmundo González por publicar las actas que le dan la victoria con 67 % de los votos abrió otra discusión en Estados Unidos, que estudia más sanciones contra el entorno de Maduro, anunció el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
“En coordinación con nuestros socios, consideramos una variedad de opciones para demostrarle al señor Maduro y a sus representantes que sus acciones en Venezuela tendrán consecuencias", declaró Kirby el 3 de septiembre.
En los comunicados oficiales sobre las sanciones, el Gobierno de Estados Unidos indica que las restricciones no son permanentes y están destinadas a “conseguir un cambio positivo del comportamiento".
Entre las condiciones que establecen para revertir las medidas destacan la disposición de contribuir en el restablecimiento del orden democrático y fijar posición contra los abusos cometidos por Maduro. En 2019 el Departamento del Tesoro levantó las sanciones al exdirector del Sebin, Manuel Cristopher Figuera, por dejar de respaldar al mandatario chavista.
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