Dirigentes del MEP piden al TSJ nombrar una nueva directiva ad-hoc

Caracas.- Parte de la dirigencia del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) introdujo, este 30 de junio, un recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar se ratifican las sentencias por medio de las cuales, en el año 2015, se ordenó realizar las elecciones internas del partido y que además se nombre una nueva junta directiva ad-hoc que cumpla con este mandato.

Las declaraciones las dio a conocer Ramón Lucena, dirigente del MEP, quien explicó que la ratificación de la sentencia por parte del Poder Judicial permitirá la renovación de las autoridades de la tolda. «La directiva que está en la actualidad dirigida por el señor Jesús Gilberto Jiménez Prieto, solo se dedica a perseguir y expulsar a la dirigencia que por años ha estado en el MEP», argumentó Lucena.

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Las sentencias a las que se refiere Lucena fueron emitidas por el TSJ en el año 2015 (48, 111, 155) en estas se ordenaban elecciones internas para elegir a las nuevas autoridades del MEP, también se aprobó ( en el caso de la sentencia 155) la conformación de una junta directiva ad-hoc que cumpliera con la realización de los comicios.

«La junta directiva que se conformó hace cinco años no convocó nunca las elecciones internas. Durante todo ese tiempo solo se dedicaron a expulsar del partido a quienes se opusieron a sus acciones», denunció Lucena.

En los recursos de amparo introducidos en el TSJ este 30 de junio no solo piden que se ratifiquen las sentencias para los comicios internos sino que se nombre una nueva directiva ad-hoc que esté integrada por: Jesús Cova en la presidencia del MEP; en la secretaria de organización, Ramón Lucena y en la secretaria general, Nelson Moreno. «La Sala Constitucional del TSJ debe tener respuesta a esta solicitud en un lapso de 72 horas», explicó Lucena.

Recientemente el TSJ también ha aplicado medidas similares de sustitución de directivas a los partidos Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, y Primero Justicia. Sobre esto los voceros de las organizaciones políticas han señalado que la medida solo se trata de una estrategia por parte del Poder Judicial para poner las tarjetas y las siglas de las organizaciones al servicio del Gobierno nacional.