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Caracas.- El exgobernador de Aragua entre 1989 y 1996, Carlos Tablante, denunció que la empresa Exclé Soluciones Biométrica CA que trabaja desde 2004 con el sistema biométrico del CNE, mantiene contratos millonarios con el gobierno de Nicolás Maduro para obtener el control del proceso electoral venezolano.
»Todo huele a fraude en el CNE. La empresa argentina ExClé Soluciones Biométricas CA mantiene millonarios contratos con la cleptocracia madurista: Banco de Venezuela, Petro, Carnet de la Patria, capta-huellas, entre otros», dijo Tablante en su cuenta de Twitter el pasado domingo 9 de agosto.
El también fundador del partido Movimiento Al Socialismo (MAS) sostuvo en la referida red social que a través de las máquinas electorales y un software de votación, Exclé tendría el control total de las elecciones parlamentarias a celebrarse el próximo 6 de diciembre a pesar de la pandemia.
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Por otro lado, recordó que fue la exdirectiva del CNE encabezada por Tibisay Lucena, la que aprobó el contrato millonario entre el Estado venezolano y ExClé Soluciones Biométricas CA para que prestara sus servicios en el sistema electoral en sustitución de Smartmatic, luego de que esta última denunciara fraude en elección presidencial de 2017.
Asimismo, el exdiputado del extinto Congreso de la República, aseguró que Nicolás Maduro aprovechó el incendio registrado a principios de marzo de este 2020 en los galpones del CNE de Mariche, estado Miranda, para comprar nuevas máquinas electorales a un proveedor chino no identificado, a través de ExClé.
Ante eso, Carlos Tablante se hizo las siguientes preguntas: «¿Cuál es el precio por máquina y cuántas se comprarán? Cuánto cuesta el software? Cómo se realizarían las operaciones financieras a pesar de las sanciones? ¿En qué moneda y con cuáles bancos? ¿Con qué empresas se trianguló la negociación?».
También señaló que pudiese existir un supuesto vínculo entre los dueños de Exclé y el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.
Es importante destacar, que la empresa de origen portugués, con sede en Argentina desde 1998, fue habilitada en 2017 bajo el RIF J316926591 para contratar en ese entonces con el Estado venezolano hasta 4.000 Unidades Tributarias (UT) en bienes y servicios, según reza el registro.
