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Caracas.- La solicitud de un préstamo extra al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para atender la crisis eléctrica en el occidente del país ha profundizado los desencuentros entre las fuerzas opositoras en el parlamento. Pese a la defensa de sus promotores y partidos, como Un Nuevo Tiempo (UNT) y Acción Democrática (AD), expertos como el exviceministro Víctor Poleo sostienen que el proyecto encubre intereses políticos y no humanitarios.
Este 10 de diciembre, la Asamblea Nacional debatió si daba luz verde a la Ley Aprobatoria del Mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica ante la Emergencia del Sector Eléctrico, la cual contempla la autorización de un endeudamiento por 350 millones de dólares, de acuerdo con un borrador elaborado por el Grupo de Boston y revisado por El Pitazo.
Se trata de la segunda ocasión en que se intenta discutir en el seno del parlamento la propuesta eléctrica. Hace una semana fue planteada por primera vez. Sin embargo, el punto no apareció en la agenda, por lo que fue diferido para este martes.
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El proyecto ha puesto el foco sobre las relaciones entre la antiguamente conocida Corporación Andina de Fomento y el gobierno venezolano. El diputado Ángel Alvarado (PJ), miembro de la Comisión de Finanzas de la AN, denunció este lunes que la entidad financiera regional ha participado en los últimos años en «fraudes financieros« para evitar que Venezuela cayera en cesación de pagos.
Ni la CAF ni el Grupo de Boston respondieron a pedidos de comentarios realizados por El Pitazo.
«La CAF ha sido muy evasiva para dar información. En sus oficinas nadie sabe ni contesta», dijo a este medio Víctor Poleo, profesor universitario, quien fuera viceministro de Desarrollo Eléctrico del entonces Ministerio de Energía y Minas (MEM) entre los años 1999 y 2001.
En un artículo publicado este martes, el economista Omar Zambrano alertó que, aunque el proyecto de la CAF ha sido vendido por sus promotores como «humanitario» por la participación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), la presencia de este organismo «acarreará costos para el país».
«Típicamente, en el rol de las agencias de Naciones Unidas como administradoras de proyectos, estas aplican una tasa de “recuperación de costos" que está entre 7% y 12%. No sabemos cuánto planea cargar el Pnud por administrar este proyecto, pero en todo caso sería un monto no menor a 25 millones de dólares», explicó.
Además, negó que la totalidad de los recursos serán manejados por el Pnud, tal y como han dicho diputados de AD y UNT. «La agencia de la ONU ‘presta’ sus sistemas y sus estándares para que actúen como un cerco fiduciario», pero «el ejecutor será el Gobierno venezolano a través de sus autoridades eléctricas», aseguró.
«El gasto se hará con estándares de una agencia internacional, lo cual es positivo, pero quien decide en qué gastar será el Estado venezolano», agregó.
Repartición de Corpoelec
Para Poleo, la propuesta esconde «intereses político-institucionales, en vez de presentar una verdadera solución a la crisis eléctrica. Por el contrario, «terminaremos con una Corpoelec mordida por muchos actores: Grupo de Boston, CAF. Es decir, se terminarán quedándose con la generación de energía en el país».
En este sentido, dijo que una situación similar ocurrió durante el final de la Unión Soviética, cuando el entonces teniente coronel de la KGB y actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, y «la nueva clase política se apropiaron de las industrias del petróleo, gas y electricidad».
«Si hubiese una genuina intención de la clase política venezolana de resolver el problema eléctrico, se tendría que disolver Corpoelec y llevarla a cuando existían las empresas regionales privadas», explicó el exfuncionario del gobierno del presidente Hugo Chávez (1998-2012).
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La semana pasada, los ingenieros Miguel Lara y José Aguilar denunciaron que el proyecto presenta sobreprecio y ejecuciones innecesarias por el orden de los 140 millones de dólares, aunque realmente se trataría de una sobreestimación, apuntó el especialista en contrataciones públicas Daniel Rosas a El Pitazo.
«¿Es la presencia del Pnud suficiente para garantizar una ejecución pulcra, eficiente y ágil del gasto planteado? La respuesta es no, pues mucho dependerá del órgano de contraparte del Gobierno, es decir, Corpoelec», se cuestionó el economista Zambrano.
Poleo, por su parte, dijo que el parlamento debería dedicarse a identificar a los causantes de estafas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), misión que vinculó con la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela.
En septiembre de 2018, la Fiscalía de Andorra produjo un auto de procesamiento contra Rafael Ramírez, Nervis Villalobos y Diego Salazar, entre otros, según documento suministrado a El Pitazo por Víctor Poleo, a quien se lo hizo llegar el periodista Alek Boyd. Villalobos es acusado por el cobro de comisiones millonarias y sobornos para conseguir a empresas extranjeras licitaciones y contratos con Pdvsa, dinero que más tarde sería blanqueado en una cuenta en el Principado de Andorra.
Poleo también puso como ejemplo el caso de la Represa de Tocoma, un plan al que tanto la CAF como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobaron, cada uno, líneas de crédito por cerca de 1.500 millones de dólares en 2010, pese a que por la mala gerencia de Odebrecht, la obras «estaban destinadas al fracaso». «Así también lo está este proyecto del Grupo de Bostón», resaltó.
«Aquí están confrontados los intereses de una nación con los de una clase política. Nosotros terminaremos pagando la deuda con la CAF, como la de Tocoma. 3.000 millones dólares para un proyecto que no se completó», se lamentó.
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