Caracas.- La abogada y académica experta en transparencia de datos de gobernanza y datos abiertos, Lorayne Finol, ha dedicado ocho años de su vida al estudio de las legislaciones que procuran el acceso a la información pública. Constató que la opacidad con los datos públicos es común en regímenes autoritarios.
La también doctora en Ciencias Políticas comentó, el 29 de marzo, en una entrevista con el director de El Pitazo, César Batiz, que Venezuela, Nicaragua y Haití son los únicos países que no cuentan con una legislación específica para la transparencia de datos públicos, por lo que se posicionan como las peores naciones en este ranking; donde sí resaltan de manera positiva sus vecinos Colombia, Chile y Costa Rica.
Destacó que la falta de claridad dificulta la investigación de los temas de corrupción en Venezuela. «En los sistemas autoritarios, el principio que reina no es la transparencia sino la sobreexposición de las personas». También se utiliza para «perseguirlas» y «atemorizarlas», enfatizó.
Sobre el significado de la Ley de Transparencia señaló que es un instrumento que busca garantizar el derecho de acceso a la información y ejemplificó con la forma de designar las pensiones de jubilación o el orden de las intervenciones quirúrgicas en las listas de un hospital.
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La opacidad como política de Estado
La académica Lorayne Finol explicó que debería existir un repositorio público de información que sea accesible, entendible y legible por personas y máquinas; justo lo opuesto a la escasa transparencia que existe en los gobiernos autoritarios.
En ese sentido, Finol rescató la frase «ocultar información es poder» del libro El secretismo de la democracia. En el texto se explica que los gobernantes tienen el arte de ocultar información en la creencia de que no explicar los procesos de decisiones públicas otorga más poder. La experta mencionó que otros autores también consideran que es una forma de construir conocimiento y verdades.
«Muy poco se ha estudiado respecto a estas legislaciones sobre cómo exigirles a los agentes encargados de decidir la suerte de sus naciones y estas leyes buscan garantizar la transparencia activa, la creación de repositorios y portales de información donde se publique cómo se decide la designación, por ejemplo, (…), la información del funcionario cuando está en ejercicio del poder», detalló.
Un ejemplo de esta falta de transparencia, en el caso de Venezuela, es la reciente trama de corrupción descubierta dentro de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). La información la aportó escuetamente una Policía Nacional Contra la Corrupción (PNCC) de la que poco se sabía desde su creación en 2014, para responder directamente a Nicolás Maduro. Durante ocho días, la información fue muy limitada sobre las acusaciones y los arrestados en el operativo que comenzó el 17 de marzo.
Fue el 25 de marzo cuando el Ministerio Público ofreció los detalles de la investigación; sin embargo, no precisó la cantidad de dinero que dejó de percibir la petrolera nacional debido al robo de las ganancias por parte de un grupo de funcionarios públicos. Entre los supuestos involucrados destacan un exdiputado, funcionarios de Pdvsa y el exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos.
Transparencia de las ONG
El proyecto de ley que busca fiscalizar y regular a las ONG en Venezuela se aprobó en la Asamblea Nacional oficialista en primera discusión. Obligará a las organizaciones a revelar datos de los financistas y de los beneficiarios. Se le preguntó si con esta acción el Gobierno puede argumentar que es un ejercicio de transparencia.
Según la especialista, ese sería un caso de manipulación de los conceptos y podría prestarse a efectos no deseados. Finol aseguró que conoce registros de ONG para generar bases de datos que resalten el objetivo que persiguen y sus estatutos, pero nunca de cómo obtienen los fondos para operar, porque están obligadas a rendir cuentas del destino de esos fondos a quienes las financian, no al Estado.
Por esa razón, dijo que no comprende si esa transparencia de la información de los representantes legales de las ONG sea verdaderamente para clarificar el uso de los fondos o para perseguir a las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos.
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«La data que importa para los actos de corrupción no es expuesta, pero sí debe serlo la que tiene que ver con el sistema de protección e identidad de las personas que se dedican al respeto de los derechos de los demás. Esta suerte de discriminación es mala práctica, busca perpetuar la persecución política y sobreexponer a las personas a la opinión pública», resaltó.
En otro sentido, la experta en Derecho internacional subrayó que entre los países con mejores leyes de transparencia destacan Suecia, Estados Unidos y Francia. Además, resultan interesantes las más recientes, como las de España y Costa Rica; las de México y Colombia son pioneras en Latinoamérica.
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