Caracas.- El anuncio de la instalación de una oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela generó esperanza para distintas organizaciones de derechos humanos y abogados, quienes consideran que esta es una noticia positiva para las víctimas y favorece la búsqueda de la justicia.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) aboga porque la apertura de dicha oficina favorezca el inicio de investigaciones «genuinas» contra los máximos responsables de crímenes, escribió en su cuenta de Twitter. Asimismo, reafirmó su compromiso para llevar ante la justicia a cada uno de los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, cree que esta decisión implica la búsqueda de la verdad y espera que se profundicen e investiguen los casos en los que está indagando la Fiscalía de la CPI. Consideró además, que es un hecho histórico e importante.
En una entrevista para el Circuito Onda también expresó su deseo de que una vez se establezcan los protocolos de seguridad, las víctimas finalmente puedan hablar con los representantes del fiscal. Agregó que la Corte necesita más datos para sustentar la investigar y podrá tener acceso a ellos con mayor facilidad desde la nación.
El experto en derecho internacional Mariano de Alba coincide con Alí Daniels sobre que la presencia del alto tribunal en Venezuela podría ser beneficioso para obtener pruebas más contundentes para sustentar la investigación sobre los crímenes.
De Alba explicó en un hilo de tuits: «Es clave poder obtener información directa sobre los crímenes de lesa humanidad, comunicándose con diversos funcionarios, víctimas y familiares (…). Hay que recordar que, en general, la Fiscalía de la Corte está muy presionada por presentar casos sólidos donde sea muy probable que pueda obtener una condena del acusado».
Lo que no podrá ocultar Maduro
Mientras que la abogada defensora de los derechos humanos, Tamara Sujú, centró su reacción del tema sobre lo que el gobernante oficialista Nicolás Maduro no podrá ocultar a la CPI si tiene presencia en Venezuela.
«Presos políticos arbitrariamente detenidos, varios con más de 3 años sin juicio. Falta de interés real en investigar las torturas denunciadas por la mayoría de las víctimas presas hoy día o en libertad plena o condicional y otras que sufrieron torturas y nunca fueron presentados», enumeró Sujú.
En este sentido, resaltó que el gobierno de Maduro continúa violando los derechos humanos de los presos políticos y aseveró que mantiene a una gran parte de ellos en cárceles que calificó de «centros de tortura», muchos con problemas graves de salud.
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