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Caracas.- La ONG defensora de la democracia y los DD.HH, Centro de Justicia y Paz (Cepaz) denunció que desde que comenzó a vivirse en Venezuela la pandemia por el COVID-19 han contabilizado 92 casos de represión a periodistas en el ejercicio de su labor, mismas acciones se han replicado a los médicos y a los activistas en el país.
La postura fue asumida por los representantes de la ONG, este 7 de julio, tras asegurar que entre el 13 de marzo al 9 de junio se ha incrementado esta política por parte del gobernante lo que, según denunciaron, tiene como finalidad amedrentar a la sociedad venezolana.
Juan Carlos Mogollón, investigador de Cepaz, indica que la información de la pandemia se ha centralizado, y la apuesta del gobierno de Maduro ha sido silenciar a la prensa independiente.
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De los 92 casos de represión a la prensa, los voceros de la ONG detallaron que hay 26 detenciones arbitrarias, nueve decomisos de material, 13 bloqueos y cierres de medio, 17 hostigamiento y amenazas, seis impedimento de circulación, diez amenazas por TV o redes sociales.
Sobre las persecuciones a defensores de derechos humanos, el investigador Mogollón detalla que desde el comienzo de la cuarentena han contabilizado tres amenazas, cinco detenciones arbitrarias, y tres ataques a viviendas de defensores a nivel nacional.
Mogollón también ofrece un balance del personal médico que ha sido detenido y atacado en medio de la pandemia del Covid-19. Informa que 14 miembros del gremio del salud venezolano han sido detenidos y seis han recibido amenazas. También refirió denuncias del.personal médico que asegura que funcionarios no le respetan sus salvoconductos para llegar a los centros de salud.
Por su parte la investigadora Nicole Hernández detalló que desde el pasado 13 de marzo al menos diez líderes han sido detenidos de forma arbitraria, a cuatro se les han allanado sus casas, y 42 han sido víctimas de la llamada furia bolivariana, es decir, miembros de colectivos que han violentado casas y vehículos de dirigentes.
Investigadores de Cepaz aseguran que los patrones de persecución aplicados de forma sistemática por el gobierno de Maduro no son nuevos, y constituyen una política de Estado para ejercer el control total y perpetuarse en el poder.
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