ONG venezolanas creen que proyecto de ley de ciudades amenaza la democracia

Un grupo de 123 ONG venezolanas denunció este lunes que el proyecto de ley que actualmente se debate en el Parlamento chavista sobre «ciudades comunales» representa «una grave amenaza contra el Estado democrático» y busca suplantarlo, «por la vía de los hechos», para convertirlo en un «Estado comunal».

«Cualquier división político-territorial del país que establezca figuras no contempladas en el artículo 16 de la Constitución es inconstitucional, representando una grave amenaza contra el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia aprobado por los venezolanos en 1999, suplantándolo por la vía de los hechos en un ‘Estado comunal'», recoge un comunicado.

El texto de la denuncia, difundido por la ONG Provea, asegura que la Constitución «no contempla como parte de la división política-territorial ni la figura de ‘comunas’ ni la de ‘ciudades comunales'», razón por la que consideran que se incumple la división político-territorial de Venezuela.

La Asamblea Nacional (AN) venezolana, en la que el 92 % de los asientos están ocupados por chavistas, tiene en discusión la aprobación de un proyecto de ley sobre «ciudades comunales», que el gobernante Nicolás Maduro defiende como «un nuevo modelo de gestión que impulsará la nueva etapa de la Revolución».

Al respecto, las 123 ONG consideran que existe una «práctica reiterada» que es la «creación de instancias paralelas de gestión territorial y administrativa».

«La creación de ‘ciudades comunales’, como las planteadas en el proyecto de ley, tendrán la posibilidad de sustituir las diferentes instancias de gestión regional, local y municipal, mediante la transferencia de recursos y competencias, a autoridades no electas por el voto universal, directo y secreto», afirman.

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Al respecto, subrayan que «la práctica del llamado ‘poder popular'», una figura a la que apela el chavismo con frecuencia, «no ha significado la profundización de prácticas democráticas ni un mayor fortalecimiento de las capacidades autónomas de las organizaciones sociales y populares».

Este modelo, opinan, «ha agravado la delegación absoluta de la capacidad de gestión y decisión en la cúpula del poder estatal, la opacidad en la gestión pública y las anomalías en la gestión de los recursos».

«La promoción inconstitucional de un ‘Estado comunal’, con la transformación de la división político-territorial que supone, se realiza en un momento de pandemia, que impide el pleno ejercicio de los derechos de libertad de asociación y reunión, libertad de expresión y manifestación pacífica por parte de la ciudadanía», denuncian.

Eso, a su juicio, hace que la ciudadanía sea «excluida de la discusión y debate» del proyecto de ley de «ciudades comunales».

Además, alertan de que «la delegación de funciones de seguridad ciudadana y defensa de soberanía» a las «ciudades comunales», supone «un avance en la institucionalización del estado policial en el país y generarán condiciones para continuar con la violación sistemática de los derechos humanos».

«El proyecto de ley de ciudades comunales no solucionará ninguno de los problemas de los venezolanos y venezolanas, sino que los agravará», concluyen.