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viernes, 19 enero, 2024

Organizaciones internacionales expresan preocupación por ley sobre ONG: criminaliza su trabajo en Venezuela

Las organizaciones internacionales hacen un llamado a la comunidad internacional a condenar el proyecto de ley propuesto, así como los esfuerzos continuos del gobierno de Nicolás Maduro para hostigar a las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela

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Caracas.- Siete organizaciones internacionales expresaron su profunda preocupación por lo que consideran son los esfuerzos continuos del Gobierno venezolano para avanzar en la aprobación del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), un texto que, advirtieron en un pronunciamiento conjunto, «contradice normas y estándares internacionales de derechos humanos«.

Las organizaciones Human Rights Watch (HRW), la Oficina de Washington para Asuntos de América Latina (WOLA), así como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), entre otras, alertaron sobre la «grave amenaza para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil» representada en la propuesta que el Parlamento oficialista pretende aprobar.

«En caso de ser promulgada, esta ley tendría el efecto de obstaculizar la libertad de asociación y el accionar libre e independiente de las organizaciones de la sociedad civil, al obligarlas a buscar autorización del gobierno para su funcionamiento y revelar cualquier financiamiento extranjero», detallan las organizaciones internacionales. 

Convocatoria de AN oficialista para discutir ley sobre ONG no fue amplia ni participativa

Entre las características preocupantes que señalan las organizaciones están: el «lenguaje vago y ambiguo en el borrador actual del proyecto de ley genera alertas frente a una persecución intensificada contra personas defensoras de derechos humanos» y el «énfasis explícito de la ley en el financiamiento extranjero y la designación de las ONG como ‘agentes extranjeros'».

La Asamblea Nacional oficialista electa en 2020 aprobó el proyecto de ley en primera discusión el 24 de enero de 2023, y el pasado 12 de enero arrancó una discusión pública cuya convocatoria no fue amplia ni participativa para los representantes de las diversas ONG en Venezuela.

«Independientemente de la aprobación final de esta ley, la sola existencia de este tipo de propuestas legislativas representa una amenaza, tiene un efecto intimidatorio sobre la sociedad civil y constituye una forma de control, lo cual va en contra de la obligación estatal de asegurar un entorno propicio para la defensa de los derechos y valores democráticos», agregaron las organizaciones en su pronunciamiento.

El miércoles, en su programa televisivo semanal, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y quien preside la comisión parlamentaria que impulsa el proyecto de ley sobre las ONG, Diosdado Cabello, dijo que desde esas organizaciones «montan conspiraciones y reciben dinero por escribir mal sobre Venezuela».

«A medida que Venezuela avanza en un año crucial para la investigación en la Corte Penal Internacional, las limitaciones impuestas a las ONG pueden dificultar su capacidad para recopilar información esencial para la investigación en curso y, en última instancia, dificultar la búsqueda de justicia por crímenes de lesa humanidad«, apuntaron las organizaciones en el pronunciamiento.

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En el contexto electoral de 2024 en Venezuela, las organizaciones internacionales alertan de que la «temporalidad de este proyecto de ley suscita preocupaciones sobre posibles aumentos en la represión gubernamental, situaciones que son tradicionalmente monitoreadas por las organizaciones de la sociedad civil».

Las organizaciones internacionales hacen un llamado a la comunidad internacional a condenar el proyecto de ley propuesto, así como los esfuerzos continuos del gobierno de Nicolás Maduro para hostigar a las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela.

«Instamos a solidarizarse con las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela que enfrentan criminalización y persecución constantes (…) instamos al gobierno venezolano a cesar cualquier forma de hostigamiento contra organizaciones de la sociedad civil y a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos», apuntaron las organizaciones firmantes del pronunciamiento.

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