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Caracas.- La crisis por la pandemia del coronavirus obligó al gobierno de Nicolás Maduro a decretar el pasado 13 de marzo un estado de alarma en todo el país. El peligro por la propagación entre los ciudadanos de una enfermedad altamente contagiosa plantea la necesidad de adoptar acciones “drásticas", tal y como ha dicho Maduro, para contener al virus. Sin embargo, dichas medidas eran desconocidas o fueron anunciadas a cuenta gotas por funcionarios nacionales, hasta su publicación en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.519 este martes 17 de marzo.
¿Qué significa el estado de alarma?
En principio, el estado de alarma se trata de medidas extraordinarias y restrictivas, las cuales son dictadas en todo o parte del territorio nacional por el Gobierno mediante un decreto acordado en Consejo de Ministros. El instrumento legal es regulado en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, y en una ley orgánica específica, aprobada en noviembre del año 2000, como una de las formas de los estados de excepción.
El estado de alarma se activa, según el artículo 338, cuando “se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus ciudadanos y ciudadanas". Para enfrentar estos escenarios excepcionales, al Ejecutivo Nacional le serán otorgadas facultades para limitar derechos consagrados en la Carta Magna, aunque no de forma amplia.
El abogado constitucionalista Juan Carlos Apitz explica que lo que no puede restringir el gobierno es el derecho a la vida, la prohibición de incomunicación y de tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 337 de la Constitución.
Estos derechos intangibles protegidos por el texto constitucional corresponden a:
- El reconocimiento a la personalidad jurídica.
- La protección de la familia.
- La igualdad ante la ley.
- La nacionalidad.
- La prohibición de práctica de desaparición forzada de personas.
- La integridad personal física, psíquica y moral.
- No ser sometido a esclavitud o servidumbre.
- La libertad de pensamiento, conciencia y religión.
- La legalidad y la irretroactividad de las leyes, especialmente de las leyes penales.
- El amparo constitucional.
- La participación, el sufragio y el acceso a la función pública.
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¿El estado de alarma tiene un plazo indefinido de tiempo?
No. La Constitución señala que el estado de alarma tiene un plazo definido de 30 días, pero con la opción de prorrogarse por 30 días más. No obstante, la duración podría extenderse por más tiempo “si existen situaciones que ameriten la emergencia", pero con la condición imprescindible que sea discutido en la Asamblea Nacional (AN), en este caso la que preside el opositor Juan Guaidó, indicó el también abogado constitucionalista Rafael Chavero.
El jurista recordó que de ser el de Maduro un gobierno legítimo, este debe dar cuenta del decreto de estado de alarma dentro de los ochos días siguientes de haberse dictado al Parlamento para que autorice su aprobación y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que analice la constitucionalidad de la norma. El ente legislativo está facultado para modificar el contenido del decreto con una mayoría de tres quintas partes de sus miembros.
Una vez que se cumplan estos pasos, los cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios y empleados de la Administración, quedan a disposición de lo que decida la autoridad competente que puede imponer acciones extraordinarias.
Sin embargo, con respecto a su decreto, Maduro solo contempló la remisión del texto a la Sala Constitucional del TSJ, ignorando las facultades de la Asamblea Nacional, incluyendo la de la directiva irregular del diputado Luis Parra, la cual es reconocida por su gobierno y la bancada parlamentaria del Psuv.
¿Qué derechos pueden ser restringidos a los ciudadanos?
Una de las primeras medidas que implica el estado de alarma es la limitación del libre tránsito, como sucede actualmente con la orden de cuarentena total dictada por Maduro para evitar los contagios por COVID-19. Aunque el decreto N° 4.160, publicado este martes 17 de marzo, no establece el tiempo de la medida, indica que está prohibido salir de los hogares, a excepción de 11 supuestos, la mayoría vinculadas a labores de los sectores de salud y alimentación, pero en ningún caso por motivos de ocio o entretenimiento.
Maduro también ha ordenado el cierre del tránsito entre estados, con especial énfasis en las entidades donde se han registrado brotes por coronavirus como Distrito Capital, Miranda, Cojedes, Apure, Zulia, Táchira y Vargas. Chavero aclaró que de momento solo se han dispuesto restricciones a la movilidad y a la actividad comercial que no guardan similitud con un toque de queda.
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¿La cobertura periodística puede ser afectada por la alarma nacional?
No. Apitz remarcó que el derecho a la información, y por ende las tareas de los periodistas, no puede ser suprimido por ningún estado de excepción, sin embargo, dijo que no ocurre lo mismo con la libertad de expresión. Chavero, por su parte, coincide con esta apreciación y añade que el decreto de estado de alarma no establece limitaciones a la prensa, aunque advierte que el texto deja abierta la puerta a futuras resoluciones con medidas específicas en contra de los medios.
¿Qué otras medidas fueron tomadas?
De acuerdo con el texto del decreto, entre el tipo de medidas que prevé adoptar el gobierno se incluyen:
- Declarar en emergencia permanente el sistema de salud para la prevención y atención de los casos por coronavirus que se puedan presentar.
- Suspender las actividades laborales cuyo desempeño no sea posible bajo alguna modalidad a distancia que permita al trabajador desempeñar su labor desde su lugar de habitación.
- Ordenar el uso obligatorio de mascarillas que cubran la boca y nariz en todo tipo de transporte público, hospitales y espacios públicos.
- Suspender las actividades escolares y académicas en todo el territorio nacional a partir del día lunes 16 de marzo de 2020.
- Suspender en todo el territorio nacional la realización de todo tipo de espectáculos públicos, exhibiciones, conciertos, conferencias, exposiciones, espectáculos deportivos y, en general, cualquier tipo de evento de aforo público.
- Cerrar al público los parques de cualquier tipo, playas y balnearios, públicos o privados.
- Suspender todas las operaciones aéreas en Venezuela por un mes.
- Autorizar a los órganos de seguridad pública a realizar inspecciones en establecimientos, personas o cuando exista fundada sospecha de la violación de las disposiciones del Decreto.
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¿Cuál organismo se encarga de la implementación del estado de alarma?
Particularmente en el caso del decreto firmado el pasado 13 de marzo por Maduro, se anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Prevención y Control del Coronavirus (COVID-19).
Esta instancia “tendrá por objeto coordinar y asesorar todo lo relativo a la implementación de las medidas necesarias a adoptar para frenar y controlar la propagación de la pandemia del coronavirus". Todos los organismos de la administración pública, así como el sector privado, están obligados a colaborar con la comisión en el ejercicio de sus funciones.
Este órgano estará encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y lo completarán los ministros Carlos Alvarado (Salud); Néstor Reverol (Relaciones Interiores); Vladimir Padrino López (Defensa), entre otros miembros del gabinete ejecutivo, más un representante del Comité Coordinador Nacional de Protección Civil.
Además, se indica que los gastos derivados del funcionamiento de la Comisión “se imputarán con cargo al Presupuesto de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela", por lo que se ratifica que el manejo oficial de la crisis estará en manos de Delcy Rodríguez, en detrimento del titular de la cartera de Salud.
¿Qué precedentes hay de estados de excepción en Venezuela?
El más reciente registro de un decreto de estado de alarma se remonta al año pasado, cuando Juan Guaidó, reconocido presidente interino de Venezuela por más de cincuenta país, firmó la medida a raíz de los apagones nacionales que ocurrieron durante el primer y segundo trimestre de 2019 en casi todos los estados del país.
Pero los más presentes son los decretos de estado de excepción y emergencia económica que han sido prorrogados progresivamente, al margen del Parlamento, por más de cuatro años (desde principios de 2016), violando la Constitución.
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