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Caracas.- Los parlamentarios de Zulia, Táchira y Nueva Esparta, tres de los estados más afectados por la crisis eléctrica que aqueja al país, tomaron la palabra este martes 10 de diciembre, para pedir la urgencia parlamentaria para el proyecto de ley aprobatoria del mecanismo de asistencia financiera y técnica ante la emergencia humanitaria del sector eléctrico.
El proyecto de ley fue diferido la semana pasada por falta de consenso. Un consenso que sigue sin darse. En su lugar se discutió un proyecto de acuerdo para “buscar soluciones que enfrenten la emergencia humanitaria compleja eléctrica producto de la corrupción del régimen de Nicolás Maduro", ante lo que varios parlamentarios hicieron pública su molestia.
El diputado Enrique Márquez, quien había solicitado el diferimiento la semana pasada, señaló que no estaba contento con el tratamiento. “Lo digo como zuliano", sentenció.
“Los zulianos no podemos estar contentos cuando no entró en primera discusión esta ley. No podemos estar contentos cuando parece que no hay sensibilidad en esta cámara", dijo recordando que son 12 las horas que pasan los zulianos sin luz.
Márquez defiende el proyecto de ley asegurando que se ha “construido por varias manos, buscando colocarlo en el medio de las tendencias políticas". Agregó que no dejarán de “dar la lucha" hasta que se apruebe. «Vamos hasta las últimas consecuencias». Dijo comprender que hay desacuerdos, pero pidió buscar el bienestar de los estados que están viviendo prácticamente a oscuras mientras se ha privilegiado a Caracas.
Incluso, habló de traer “al Zulia" a la Asamblea para que “sean escuchados". Aunque pidió la urgencia parlamentaria, esta no fue votada.
La principal piedra de tranca de este proyecto de ley está en el hecho de que el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) estaría otorgando un crédito solicitado por el Ministerio de Finanzas del gobierno de Nicolás Maduro.
Los detractores del préstamo también argumentan diferencias técnicas, pero, sin duda, hay una base política referida a que la aprobación, desde la Asamblea, sería el reconocimiento de Maduro como presidente. En ese sentido, el diputado Avilio Troconis pidió estudiar muy bien el préstamo, ya que éste no puede significar “cohabitación ni reconocimiento a la dictadura".
Mientras tanto, Francisco Torrealba pasaba de curul en curul indicándoles a los diputados oficialistas qué debían decir. Por ejemplo, el engavetamiento de la ley. La diputada por el Psuv, Victoria Mata, inició su intervención felicitando a Márquez por su “valentía" y rechazó que los opositores aleguen que Maduro “se quedaría con el dinero". También aseguró que técnicos de “ambos sectores" han visitado a la CAF.
Otro argumento utilizado por el oficialismo es que la oposición buscaba “hacerle daño a Maduro" al no aprobar la discusión de la ley.
El acuerdo aprobado por la mayoría del Parlamento pidió declarar la emergencia humanitaria en el Zulia.
Se aprueba también conformar una comisión mixta entre las Comisiones de Administración y Servicios y la de Energía para la creación de un grupo técnico de alto nivel que estudie las propuestas que se establecen en la ley, así como otras que puedan surgir.
Respaldan la solicitud de apoyo internacional y del Pnud que ofrecen paliativos y mejoras inmediatas a la crisis. Asimismo, piden analizar y debatir públicamente el proyecto de la CAF y los que puedan aparecer. Por último, piden a la Comisión de Administración y Servicios darle seguimiento a lo establecido en el acuerdo.
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Presupuesto insuficiente
La Asamblea Nacional aprobó este martes, a regañadientes y bajo protesta, el presupuesto de funcionamiento. Lo consideran insuficiente, al punto de que el diputado Alfonzo Marquina aseguró que lo que que se aprobó por parte del “usurpador" representa menos del 2 % de lo que el Parlamento necesita para operar. De hecho, asegura que el monto aprobado no garantiza que se puedan pagar los salarios, de 300.000 bolívares, en enero.
Marquina recordó que el país se encuentra sin presupuesto y, por ende, no se saben los ingresos y egresos. Contó que recibieron una comunicación donde se les anunciaba una cuota presupuestaria con la cual no están de acuerdo.
La Asamblea cuenta con 5.044 trabajadores entre obreros, personal administrativo y jubilado. Todos han sufrido el bloqueo presupuestario que mantiene el Ejecutivo desde mediados de 2016.
El propio Palacio Federal ha sufrido los embates. Baños prácticamente clausurados por la falta de agua y productos para limpiarlo o falta de papel para trabajar son tan solo parte del corolario de carencias que vive el Poder Legislativo en todas sus sedes.
“Dejamos constancia de la intención de la dictadura que no es otra que la de cerrar la santamaría de la Asamblea", expresó.
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