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Caracas.- Los diputados Delsa Solórzano y Rosmit Mantilla ofrecieron declaraciones este domingo 20 de septiembre, para reivindicar la grave situación que vive el país en cuanto al tema de la violación de los derechos humanos, asegurando que hay muchos casos que demuestran la falta de garantías en Venezuela para quienes son apresados por el régimen de Nicolás Maduro.
Los mensajes hicieron contraste con las aseveraciones ofrecidas por el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente del oficialismo, Tarek William Saab, y el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, quienes este sábado afirmaron que el gobierno de Maduro respetó y veló por la integridad de quienes cayeron tras las rejas por motivos políticos.
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Para Solórzano, la rueda de prensa de ambos funcionarios solo sirvió para dejar en evidencia «la complicidad de Saab y Arreaza con los autores de los delitos de lesa humanidad, porque los esconden y los ocultan».
En este sentido, recordó lo ocurrido en los casos del joven Rufo Chacón, a quien dejaron ciego de un disparo durante una protesta, y del almirante Rafael Acosta Arévalo, muerto luego de las torturas a las que fue sometido en junio 2019, donde se comprobaron las actuaciones de agentes ligados al aparato represivo de Maduro, pero cuyas penas no se correspondieron con la magnitud de los delitos cometidos.
«En el caso del Chacón, los agresores no están presos, les dieron medidas cautelares y salieron libres de inmediato. Al asesino del capitán Acosta Arévalo, lo imputaron por delitos menores para rebajarle la pena», dijo.
Sobre el discurso del fiscal y el canciller aseguró que «trataron de justificar los casos de violación de derechos humanos en Venezuela. Pero es imperdonable pretender que un régimen que reconoce violar derechos humanos, pudo rendir alguna cuenta como debe ser a la comisión de Derechos Humanos enviada por la ONU».
El precio de la libertad
Por su parte, Rosmit Mantilla hizo referencia a las torturas, pero especialmente la psicológica, a la que son sometidos los reos en el Sebin, y a las extorsiones de las cuales son víctimas, a cambio de ser dejados libres.
Contó cómo durante una huelga de hambre que realizó junto a otro preso político, Ronny Navarro, para pedir la salida de los jóvenes detenidos en la llamada Tumba, fue víctima de un acoso del tipo psicológico.
«Nos aislaron en la sala de visitas y se nos presentaba, a las 2:00 am, el comisario Richard Centeno alias Pachuco, con una biblia en la mano a leernos el apocalipsis. Nos decía, entre versículo y versículo, como se comportaban nuestras familias. A mí me decía que médico veía mi mujer, embarazada en esos días, como se llamaba su médico, cuanto pagaba en las consultas y los carritos que agarraba para ir a las consultas».
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Mantilla asegura que todos los detalles, contados biblia en mano, eran «para que supiéramos en manos de quienes estábamos».
Otra situación, calificada por el diputado como muy grave, es la compra y venta de libertad que se maneja dentro de las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). El costo es de 20.000 dólares, y según Mantilla, es una cadena manejada desde los más altos rangos del organismo, quienes en complicidad con otros presos comunes y por políticos del Psuv, también detenidos allí, captan a a otros reclusos, para ofrecerles su salida inmediata del recinto a cambio de ese precio.
«Hay quienes han vendido la casa, el carro, todo; piden prestado y lograron bajar el precio, para poder hacer el pago y quedar libres», aseguró.
