Caracas.- El Gobierno ha convocado al embajador de España en Venezuela, Ramón Santos, en respuesta a las declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, calificadas por el Ejecutivo de Nicolás Maduro de «insolentes, injerencistas y groseras». Robles había señalado la «persecución» y «restricciones a los derechos fundamentales» que enfrentan los opositores en Venezuela.
Según explicó el canciller Yván Gil, en su canal de Telegram, el embajador debe comparecer en el Ministerio de Relaciones Exteriores este viernes porque considera que las declaraciones de Robles «apuntan a un deterioro de las relaciones entre ambos países».
El Ejecutivo de Maduro, explicó Gil, ha llamado también a consultas a su embajadora en España, Gladys Gutiérrez, aunque no precisó si para la misma fecha en la que Santos debe acudir a la Cancillería o en otra.
Tras la llegada del abanderado de la mayor coalición opositora venezolana y presidente electo, Edmundo González Urrutia, a España, Robles manifestó, que lo que hace el Gobierno del país caribeño con «muchísimos» antichavistas es «inaceptable e inasumible».
Claves| ¿Cuáles son las implicaciones de las sanciones contra 16 funcionarios de Maduro?
El miércoles, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, propuso una resolución que espera aprobar para instar a Maduro a romper «todas las relaciones» diplomáticas, consulares, económicas y comerciales con España, luego de que el Congreso de los Diputados de la nación europea, con el voto en contra del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), acordó reconocer a González Urrutia presidente electo.
El opositor llegó a Madrid el domingo, donde ha solicitado asilo al considerar que sufría persecución política y judicial en Venezuela después de las presidenciales del 28 de julio. La victoria fue otorgada a Maduro por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con resultados parciales validados posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Sin embargo, la oposición insiste en que el vencedor fue González Urrutia, una afirmación sustentada en «83,5 % de las actas electorales», que recabó mediante sus testigos y miembros de mesa el día de las votaciones -asegura-, y que otorgan la victoria al antichavista por amplio margen.
No obstante, el Gobierno afirma que son «falsas» las actas que posteriormente fueron publicadas en una página web por la oposición.