Desde que se aprobó el reciente instrumento legal que obliga a las empresas a contribuir a un fondo de pensiones con un 9 % de los pagos de salarios y bonificaciones a sus trabajadores, se mantienen las discusiones y análisis sobre la carga fiscal que deben enfrentar. Cuantificar el impacto no es sencillo, pues depende de las características de cada empresa, la cantidad de empleados y la metodología de cálculo del nuevo impuesto. Gremios y expertos coinciden en que representa un nuevo elemento de presión para los ya comprometidos flujos de caja
La voracidad fiscal es una realidad que denuncian las empresas desde hace varios años, y lejos de solucionarse el problema con medidas como la Ley de Armonización Tributaria, nuevas presiones se suman al ya complicado flujo de caja de las compañías. Eso representa para muchas empresas la recién aprobada Ley de Protección de las Pensiones, según denunciaron gremios como Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio.
“Nosotros vamos a acompañar la ley, pero también tiene que verse en qué situación estamos", dijo el presidente de Conindustria, Luigi Pisella, en un reciente encuentro con la prensa, en el que detalló que la nueva contribución representa un incremento en los tributos de 3,4 %, pese a que es deducible parcialmente del Impuesto sobre la Renta (ISLR).
Las declaraciones de Conindustria van en línea con el comunicado de Fedecámaras, que pidió al gobierno de Maduro reconsiderar una serie de recomendaciones que permitan aliviar la carga ya pesada que tienen las empresas en materia fiscal.
Yo no creo que haya empresa en Venezuela que no vaya a sentir el impacto
Héctor Orochena, licenciado en Ciencias Fiscales, consultor y auditor tributario y CEO de Servitributos
Calcular el impacto de esta ley no ha sido tarea fácil para las empresas, pues consideran que todavía existen dudas con respecto al proceso de declaración que establece la norma. Incluso las reacciones de los gremios demoraron más de lo usual debido al proceso de evaluación que la aplicación de esta norma ha requerido.
Lo que sí es claro es que habrá impacto pese a que gremios como Conindustria descartan un despido masivo de personal o un aumento de precios.
“Cada día está más afectado nuestro flujo de caja y esta medida a las pensiones va a impactar mucho en el flujo de caja de todas las empresas", dijo el presidente de Consecomercio, Gustavo Valecillos, en declaraciones a la prensa durante la Asamblea Anual de este consejo.
“La aprobación de esta ley tiene un impacto importante sobre toda la actividad comercial (…) Yo no creo que haya empresa en Venezuela, grande o pequeña, que no vaya a sentir el impacto", dijo Héctor Orochena, licenciado en Ciencias Fiscales, consultor y auditor tributario y CEO de Servitributos.
Esta medida a las pensiones va a impactar mucho en el flujo de caja de todas las empresas
Gustavo Valecillos, presidente de Consecomercio
El experto no duda de la necesidad de implementar medidas para aumentar los ingresos de los pensionados, pero considera que aumentar la ya “asfixiante" carga tributaria a las empresas representa un impacto para las estructuras de costos, especialmente las que tienen una alta demanda de mano de obra.
“En la medida en que las empresas demanden más mano de obra, será más pesada la carga", insistió.
“El impacto es terrible"
“Cada empresa es tan diferente como el ADN", aclaró Orochena al ser consultado sobre el impacto que generará esta norma en las empresas.
En sus manos tenía los cálculos que Servitributos hizo a tres empresas con condiciones diferentes:
– Una mediana con una nómina de 45 trabajadores pasa de pagar 82 dólares con el régimen anterior a 2.914 dólares con la nueva legislación, lo que da un total de 2.996 dólares solo en contribución a pensiones.
– Una empresa más pequeña pasa de pagar 17,03 dólares a 423,71 dólares, lo que suma 440,74.
– Otra empresa un poco más grande pasa de 42,72 a 408,58 dólares para un total de 451,30.
“El impacto es terrible. No es que la empresa tenga capacidad de pago porque es grande, aunque la empresa pequeña se ve más afectada porque el impacto es mayor proporcionalmente a la empresa grande", dijo.
Insistió en que la estructura de la empresa pesa más al momento de medir el impacto y, en cualquier caso, aquellas que demanden mayor cantidad de personal serán las más afectadas.
Aún durante la primera semana de junio, cuando ya las empresas comenzaron la declaración del nuevo tributo, es difícil cuantificar el costo que representa para cada una, coincide Maryolga Girán, presidenta de la Comisión Laboral de Conindustria. Las dudas que todavía existen con relación al proceso de declaración complican el cálculo.
Hoy en día vemos que tenemos una ley improvisada, que no tiene ninguna racionalidad desde el punto de vista de la base o magnitud económica
Leonardo Palacios, director de Consecomercio y expresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario
Sin embargo, Orochena considera que las empresas que tengan trabajadores con la modalidad de honorarios profesionales no deben verse afectadas por esta ley, pues, según su interpretación, la norma está dirigida al pago a los trabajadores que están bajo relación de dependencia con la empresa.
Mientras, las empresas con empleados bajo la figura de honorarios profesionales no tienen una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo, sino una relación comercial regida por la Ley de Comercio, por lo tanto, quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Pensiones.
“Los honorarios profesionales pagados no forman parte de la base imponible de esta ley", insistió.
Posibles consecuencias
A juicio de Orochena, muchas empresas pasarán apuros con la entrada en vigencia de esta ley. “Se fijó una alícuota a mi consideración muy alta que está atentando contra la estabilidad y la permanencia de muchas empresas en el país".
No descarta consecuencias como cierres de empresas, reducción de personal, congelación de sueldos o migración a honorarios profesionales.
“En el rediseño de la política salarial y de remuneraciones la imaginación será el límite. Aquí va a pasar de todo porque las empresas tienen la obligación de evaluar el impacto de la ley dentro de sus estructuras de costos, y a muchas posiblemente no le den los números por lo que tendrán que hacer ajustes", dice Orochena.
Nosotros vamos a acompañar la ley, pero también tiene que verse en qué situación estamos
Luigi Pisella, presidente de Conindustria
Considera que la nueva norma obliga a hacer una revisión absoluta del sistema de remuneraciones y empleo en Venezuela en todos los niveles. “No hay soluciones fáciles ni mágicas, ni cosas inmediatas por hacer, lo que toca es evaluar y buscar las medidas que consideren necesarias para permitir la supervivencia de la empresa y con ella el mantenimiento de los empleos", apunta.
Ante esta preocupación, el presidente de Conindustria, Luigi Pisella, fue más optimista. Confía en que no disminuirá el nivel de empleo tras la aprobación de esta ley, pero cree probable que no se generen ajustes en las remuneraciones, al menos en el corto plazo.
El presidente de Consecomercio, por su parte, descarta aumento de precios asociados a esta ley y coincide en que el impacto dependerá de la estructura de cada empresa y la cantidad de trabajadores. No es el momento de ajustar precios, pues ya reportan bajo consumo.
Dos aportes a pensiones
Una de las particularidades que tiene la nueva Ley de Pensiones es que no elimina el pago del aporte que se realiza a través del Seguro Social, explica Orochena, quien califica de grave la forma en la que está diseñado este instrumento jurídico.
“El sentido común debió decir que si se aplica esta ley no se aplique la otra, pero aquí ordena que se apliquen los dos", dice.
Existen contradicciones en la Ley de Pensiones y queda en evidencia el fracaso del Estado en la definición de una política social acorde con la protección de las pensiones
Leonardo Palacios, director de Consecomercio y expresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario
El consultor y auditor tributario critica que fuera el mismo gobierno de Maduro el que acabara con el régimen de pensiones, al no aumentar el salario mínimo, que es la base de cálculo para este aporte. “Si el gobierno ajusta el salario mínimo a lo que económicamente debería corresponder en un país como el nuestro, la base de cálculo no serían 130 bolívares sino mucho mayor, al igual que la recaudación".
El experto considera que tiene que haber un punto medio en el que el gobierno satisfaga sus necesidades económicas sin que eso signifique “matar a las gallinas de los huevos de oro".
Contradicción con otras normas
El auditor tributario Orochena cuestiona la contradicción de la nueva Ley de Protección de las Pensiones con normas de mayor jerarquía, como el Código Orgánico Tributario. “Dentro de la ley se establece que quien no presente la declaración será multado por mil veces la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, es decir, 1.000 euros; pero otro artículo de la misma ley dice que el incumplimiento de esta ley se regirá por las disposiciones del Código Orgánico Tributario".
Detalla que esta última norma sanciona la falta de declaración con 100 veces la moneda de mayor valor. “La propia ley tiene una enorme contradicción en su diseño, porque es contraria a lo que dice con respecto al Código Orgánico Tributario", agregó.
No es el momento de ajustar precios porque nos estamos quejando del bajo consumo
Gustavo Valecillos, presidente de Consecomercio
Señaló que es responsabilidad del Seniat aplicar a las empresas que no declaren la multa establecida por el Código Orgánico Tributario, pues considera que la establecida en la nueva Ley es ilegal al ser una norma de menor rango.
El método de recaudación
Para la recaudación de este impuesto, las empresas deberán declarar mensualmente ante el Seniat los pagos realizados a los trabajadores por concepto de salario y bonificaciones de carácter no salarial. La fecha de su declaración y pago está determinada por el último dígito del RIF, desde el 4 de junio según un cronograma establecido en la Providencia Administrativa emitida por el ente recaudador el pasado 17 de mayo.
Esta norma además establece que las empresas obligadas al pago de la contribución especial deberán informar trimestralmente la cantidad de trabajadores activos que mantienen en sus nóminas.
Sobre este punto, Leonardo Palacios, director de Consecomercio y expresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, considera irracional la declaración de todos los pagos a los trabajadores.
Hay que verle la cara a que de cada 100 bolívares que te quieras ganar, tengas que dejarle al Estado venezolano 70
Héctor Orochena, licenciado en Ciencias Fiscales, consultor y auditor tributario y CEO de Servitributos
Dice que tanto el Tribunal Supremo de Justicia como algunos acuerdos internacionales definen que cualquier contribución que pague el patrono o el trabajador se hace sobre el salario normal. “Esa debe ser la base que, en nuestro criterio (de Consecomercio) y a título particular es lo recomendable y lo deseable para que el tributo no sea excesivo".
Puntualiza que queda a criterio de cada empresa definir la metodología de cálculo para la declaración. “Todas las empresas quieren contribuir y vamos a hacer nuestro sacrificio, pero clamamos que hay que hacer las cosas de manera razonable".
La función del Seniat termina en la recaudación de este impuesto y en la publicación del reporte mensual del monto total recaudado, explica Orochena. A partir de este momento, es el Estado el que debe disponer de los recursos. Para ello, y otras funciones, el mandatario Nicolás Maduro anunció recientemente la creación del Ministerio para los Adultos Mayores.
La creación de este organismo también fue objeto de críticas por parte del presidente de Consecomercio, quien manifestó la preocupación del gremio por el aumento del tamaño del Estado, en lugar de reducirlo como se ha sugerido en otras oportunidades.
Impacto de la carga fiscal total
Medir el impacto de los tributos varía entre empresas y en la metodología de cálculo que se aplique y las variables que se consideren, pero puede representar entre un 60 % y 70 % de la utilidad.
“Eso lleva a una informalidad importante y a un aumento de la evasión que perjudica al Estado, porque reduce la imposición y no se pagan los tributos que se deben pagar", señala Palacios.
El director de Consecomercio agrega que las empresas tienen un alto costo asociado al cumplimiento de las obligaciones tributarias, porque deben contratar a expertos, invertir horas en declaraciones, anticipos, informes de retenciones. “Y eso lleva sin duda alguna un costo que no se toma en consideración a los efectos de determinar la carga impositiva", reitera.
Los gremios insisten en una propuesta de reforma tributaria que, según explica Palacios, contempla sinceridad en el pago de impuesto, que tenga en cuenta el derecho del Estado a tener recursos para el financiamiento del gasto público y el derecho del contribuyente a estar sometido a cargas impositivos razonables, lo que conlleva a que el Estado pueda vivir de la base de imposición que se genera con todos los tributos existentes.
“Si usted tiene un alza importante y una presión desmedida (en los impuestos), va a generar evasión fiscal y salen perjudicadas las empresas grandes, el Estado, y sobre todo el contribuyente, porque no va a existir una carga impositiva razonable ni acorde con la expansión económica del país", apunta.
En ese sentido, Orochena recordó que la posibilidad de reinvertir se reduce cada día más. Asimismo, señala que la carga fiscal atenta contra la estabilidad laboral y la contratación de personal en las empresas.
Para aliviar la carga tributaria, Consecomercio coincide en solicitudes como la modificación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), específicamente la eliminación del pago en bolívares, y la supresión de las múltiples declaraciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA), pues actualmente se realizan dos declaraciones mensuales y pide llevarla a una.
Mientras los gremios definen y discuten con sus representados la forma de declarar la nueva contribución, se mantienen esperanzados en las conversaciones con el gobierno nacional como vía para aliviar la carga fiscal y mejorar el flujo de caja de las empresas.
“Hay que aprovechar la oferta que hizo recientemente la vicepresidenta de la República (Delcy Rodríguez) de sentarnos a discutir las ideas generales para un esquema razonable", dijo Palacios, quien además considera necesario esperar que pasen las elecciones presidenciales del 28 de julio. “En época electoral no se discute materia tributaria (…) Nosotros siempre tenemos la voluntad".
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