Cinco preguntas inundan las redes sociales y las calles del país como parte de una campaña gubernamental que arrancó el 6 de noviembre. El objetivo es buscar respaldo popular a una propuesta que pretende poner en manos de los ciudadanos las decisiones de Venezuela sobre el territorio Esequibo. El mecanismo es un referendo consultivo que se realizará el 3 de diciembre.
Tras su anuncio, el rechazo no se hizo esperar, tanto de sectores de oposición, expertos y organizaciones e instituciones venezolanas como del Gobierno de Guyana. Este último pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya medidas provisionales con el fin de que Venezuela no realice el referendo. Del lado venezolano, diversas son las críticas a este instrumento, pues para algunos especialistas, como la abogada Rocío San Miguel, amenaza con ser un camino directo a la pérdida de este territorio y otorgaría potestades al gobierno de Nicolás Maduro para favorecer su permanencia en el poder.
El rechazo al Laudo Arbitral de París de 1899, el respaldo al Tratado de Ginebra de 1966, el desconocimiento a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la oposición a la explotación de los recursos naturales por empresas trasnacionales y la creación del estado Guayana Esequiba son los puntos que busca validar el gobierno de Maduro con este instrumento.
¿Por qué hacer un referendo?
Una de las primeras preguntas que surgen al momento de conocer la convocatoria a un referendo consultivo es por qué utilizar este mecanismo cuando la Constitución establece la defensa del territorio nacional. La Universidad del Zulia lo considera innecesario e inconveniente, mientras que sectores de oposición lo vinculan con la Primaria del 22 de octubre.
Para la defensa de Venezuela en este caso, representa una oportunidad se conocer la opinión pública del país con el fin de sensibilizar a todos los sectores.
“El referendo consultivo es un mecanismo viable, expedito y aprovechable que está en la Constitución Nacional. Con esto no estamos incurriendo en ningún delito, lo que pasa es que hay gente que quiere conocer de antemano cuál va a ser la estrategia que Venezuela va a seguir una vez que se conozcan los resultados", dijo el abogado Abraham Gómez, asesor de la Comisión Presidencial para la Defensa de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial.
Sin embargo, en entrevista con El Pitazo, resaltó que esa estrategia no se dará a conocer sino hasta después de que esta comisión analice los resultados de la consulta. También enfatizó que la última palabra la tiene el mandatario Nicolás Maduro, quien es responsable de la política exterior del país.
La redacción de las preguntas, aprobada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quedó de la siguiente manera:
1.- ¿Está usted de acuerdo en rechazar con todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?
2.- ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?
3.- ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?
4.- ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios, conforme al derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del Derecho internacional?
5.- ¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de ese territorio que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolanas, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?
Aunque para Gómez las respuestas a las preguntas del referendo son obvias, y serán respaldadas por los venezolanos, para la abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, atentan contra los principios fundamentales de la Constitución. Por ejemplo, la también defensora de derechos humanos cree que la interrogante con relación a la nulidad del Laudo Arbitral de 1899 induce a los ciudadanos a violar la Carta Magna.
Tres consecuencias
Para San Miguel, abandonar el caso ante la CIJ es un error histórico con “muy graves" repercusiones para el país si se llega a tomar esa decisión tras el resultado del referendo. “Esto parte de la más elemental lógica. Cuando atiendes un juicio puedes presentar alegatos, pruebas para apoyar el argumento histórico de Venezuela: que el Esequibo es nuestro. Retirándote del caso simplemente queda abandonada tu posición e inexorablemente la sentencia será de obligatorio cumplimiento para Venezuela", dijo la abogada a El Pitazo.
Otra de las consecuencias que observa la presidenta de la ONG Control Ciudadano es la relacionada con la segunda pregunta sobre el Acuerdo de Ginebra de 1966. “Es engañosa. Se dice que es el único instrumento jurídico para alcanzar una solución práctica y satisfactoria". Señala que esta pregunta está atada a la siguiente, que consulta sobre el reconocimiento a la jurisdicción de la CIJ. “El Acuerdo de Ginebra establece los métodos de dirimir las controversias y entre ellos la posibilidad de ir a la CIJ", dijo.
Por otro lado, advierte que las preguntas 4 y 5 del referendo implican entregar un cheque en blanco al Gobierno que le permite hacer lo que considere. “Eso no puede ser así. Un referendo debe realizarse en torno a preguntas cerradas y en esas preguntas se habla de la posibilidad de oponerse por todos los medios". En ese sentido, recordó que uno de los medios que autoriza el Derecho internacional es ir a la guerra. “Acaso les estamos preguntando eso a los venezolanos claramente", condenó.
San Miguel considera urgente para el país solicitar medidas cautelares para que cesen la presencia militar de Guyana en la zona en reclamación y las concesiones de explotación de recursos naturales en este territorio y las aguas. Asimismo, cree que se debería solicitar que se retiren las instalaciones militares con participación de otros países como Estados Unidos y Brasil.
La audiencia del 15 de noviembre
Un nuevo elemento en medio del proceso ante la CIJ surgió a partir de la convocatoria de referendo consultivo en Venezuela. Guyana pidió a este tribunal medidas preliminares que permitan detener su realización. La comparecencia de Venezuela a esa audiencia, que para el país se realizará el 15 de noviembre, aún no está confirmada, ratificó Gómez.
Según San Miguel, faltar a esta cita es una nueva amenaza para la recuperación del territorio Esequibo. “Aquí lo que debería ocurrir es que el Estado asistiera el 15 de noviembre a presentar medidas provisionales a favor de Venezuela", señaló.
La abogada condena la forma en que se desarrolla la defensa de Venezuela y considera que el objetivo principal debe ser atender la demanda. “Hay una estrategia jurídica muy mal planteada. Venezuela ha insistido en desconocer la competencia de la CIJ y ha perdido las dos audiencias convocadas para tal fin en lugar de abocarse desde el principio al fondo del asunto", señaló.
“De asistir la delegación venezolana es porque evidentemente reconoce la jurisdicción de la CIJ", aclaró por su parte el asesor de Venezuela. Sin embargo, explicó que la comparecencia o no a esta cita no implica la renuncia a la continuación de juicio.
Detalló que Venezuela puede dejar pasar esta audiencia e igualmente introducir el memorial de contestación a la demanda en abril de 2024. “No debemos ser tan pesimistas en el sentido de que Venezuela va a perder el juicio. Hay que dejar que cursen los procedimientos rutinarios para saber a qué atenernos. Las estrategias no se develan por anticipado", insistió Gómez.
¿Cuál es la intención del referendo?
La presidenta de Control Ciudadano considera que este referendo tiene una doble intencionalidad. “Se anuncia al día siguiente de realizarse la Primaria. Para mí esto es una clara respuesta al resultado, que Miraflores no previó que fuese de tal magnitud y pretende distraer a los venezolanos utilizando toda su batería comunicacional", dijo.
A juicio de la abogada, la redacción de las preguntas apunta a que Venezuela abandonará el caso ante la CIJ, lo que implicaría la pérdida de este territorio para favorecer sus intereses políticos. “El referéndum consultivo ratifica que el principal objetivo del proyecto revolucionario es la permanencia en el poder, todo lo demás queda subordinado a este objetivo", apuntó.
Tampoco descarta que lo establecido en las dos últimas preguntas permita al gobierno de Maduro desarrollar una estrategia que escale en los próximos meses y genere acciones belicistas que permitan suspender las elecciones presidenciales de 2024 por la vía del estado de excepción.
“El estado de emergencia puede declararse por conflicto internacional (…) En principio, esto no acarrearía la suspensión de las elecciones, pero habida cuenta de que puede ser un elemento que genere la movilización nacional y situaciones extremas, puede llegar al punto de la suspensión de las elecciones", aseveró.
Para el asesor de Venezuela en el caso por el Esequibo, abandonar el caso en la CIJ no implica necesariamente la pérdida del territorio. “Esperamos con optimismo racional que Guyana retire la demanda y se siente en un proceso de negociación directa en busca de una vía pacífica, práctica y satisfactoria para ambos en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966", declaró.
Recordó que la CIJ es la última instancia a la que podían recurrir ambos Estados para dirimir la controversia, y, según dijo, para recurrir a este tribunal las dos partes debían acordarlo. En ese sentido, respalda la idea de un fraude procesal por parte de Guyana pues considera que la corte no debió admitir las acciones de este país.
Sin embargo, el plan de Venezuela no está claro. Insistió en que la decisión de seguir o no en el juicio, pese a considerar que hay elementos suficientes para demostrar la pertenencia de este territorio a Venezuela, le corresponde únicamente a Nicolás Maduro, independientemente de los resultados del referéndum consultivo.
De seguir el proceso, también dijo que la corte podría decidir que las partes resuelvan el conflicto “por lo bueno y lo equitativo", pero para ello ambas tienen que estar absolutamente de acuerdo, lo cual hasta el momento no sucede.
Un conflicto histórico
El proceso para llegar hasta este punto ha sido largo, pero es la más reciente demanda de Guyana ante la CIJ la que generó esta respuesta del gobierno de Maduro. El conflicto data de la época colonial. En 1777 se creó la Capitanía General de Venezuela y este territorio de casi 160.000 km al oeste del río Esequibo formaba parte de ella y así lo determinan los mapas de la época.
Poco a poco y ante la poca firmeza de Venezuela esta zona fue ocupada por los ingleses y ratificada así en el Laudo Arbitral de París de 1899, que otorga casi la totalidad del territorio a Guyana. Este procedimiento estuvo viciado, pues no admitió las pruebas de Venezuela.
Antes de la independencia de Guyana, en 1966, ambos países suscribieron el Acuerdo de Ginebra. Tras la firma, Venezuela reconoce la soberanía de Guyana y este país admite que el Laudo de París es nulo, por lo que la controversia territorial pasaría a resolverse por otra vía.
El conflicto estaba en la ONU, pero en 2018 y ante la falta de resultados el secretario general, Antonio Guterres, propuso enviar el caso a la Corte Internacional de Justicia. Meses después, Guyana hizo la solicitud formal a esta instancia y de esa forma se inició el procedimiento que se desarrolla actualmente y sobre el que Venezuela debe responder en abril del año que viene.
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