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Caracas.- El clamor de justicia de Rosa Virginia Reyes, madre del bebé que falleció a una semana de completar su primer mes de vida, solo ha encontrado puertas cerradas y excusas. Este martes, 30 de junio, al cumplirse mes y medio del fallecimiento del niño, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) ni siquiera ha entregado la principal evidencia que permitiría esclarecer el caso, reveló Reyes a El Pitazo.
Debido a las condiciones en las que murió Miguel Ángel Poleo Reyes, corresponde por ley la realización de un informe de toxicología con muestras extraídas del cadáver. El niño presentó edema cerebral y atelectasia bilateral en los pulmones, que le ocasionaron la muerte ocho horas después de que le aplicaran un esquema de vacunas en el Centro Preescolar Bolivariano Virginia Vera. El documento es requisito indispensable para continuar la investigación.
“Cuando nos entregaron el cuerpo y el acta de defunción dijeron que el informe de toxicología estaría listo en un mes. Se venció el plazo, fuimos a buscar los resultados y nos dijeron que no están listos por falta de reactivos. No les creo. Pienso que sencillamente no nos quieren entregar el informe toxicológico, porque ya ni nos dan una fecha. ¿Por qué tanta indolencia?", cuestionó la madre.
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Abandono
La pesquisa involucra a la Gobernación del estado Miranda, organizadora de la jornada de vacunación en la que le aplicaron las dosis a Miguel Ángel. El niño vivía con su familia en el sector El Pedregal, una zona popular del municipio Chacao, en el estado Miranda. Miguel Ángel fue la única víctima fatal del hecho, en el que otras 33 personas, entre ellas cuatro mujeres embarazadas, presentaron reacciones adversas, principalmente fiebre, vómito y convulsiones. Todos con antecedente de haber participado en el operativo de vacunación, según Salud Chacao.
Reyes dice sentirse abandonada por las instituciones. Incluso la Gobernación del estado Miranda, cuyos funcionarios acompañaron a los padres del bebé desde la declaración de la muerte legal, el pasado domingo 16 de mayo, hasta el día del funeral, que se realizó el 22 de mayo. Entonces, prometieron un seguimiento del caso hasta lograr se esclareciera. Los familiares mantuvieron contacto Jorge Chayeb, el llamado “protector del municipio", un funcionario de enlace entre la comunidad y la gobernación.
“Los de la gobernación nos prometieron que no nos iban a abandonar. El gobernador dijo que nos iba a dar una audiencia. Pero hace semanas que ni siquiera nos contestan las llamadas. Ellos cubrieron los gastos funerarios y agilizaron el entierro. Después se perdieron. Quiero que se haga justicia. Que paguen los que tengan que pagar. No puede ser que mes y medio después el caso esté en un limbo. ¿Hasta cuándo tanta desidia?", es otra de las preguntas sin respuesta en la casa del callejón de El Pedregal donde Miguel Ángel vivió.
Retraso institucional
Cecilia García, abuela paterna del bebé, agregó que, aunque la investigación ya tiene un expediente en el Ministerio Público, las indagaciones no muestran mayor avance. La falta de respuesta los ha hecho prescindir de un abogado privado que habían contratado. No obstante, reconocen que el retraso es institucional. Además, insiste en que esta dilación contrasta con la celeridad con la Gobernación de Miranda gestionó la inhumación. El resto de los afectados no presentó nuevas afecciones relacionadas con las vacunas.
“Estamos solos. Mi nieto fue el único que murió, pero esto le puede pasar a otros. Queríamos protegerlo, porque para eso son las vacunas, y nos lo mataron. Porque eso fue lo que pasó. Mandaron a una gente que no sabía lo que estaba haciendo. No han ni atrapado a las responsables, las que le aplicaron esas vacunas. Nadie responde. Meterlas presas no me va a traer de vuelta a mi nieto. No quiero que nadie más pase por esto", exclamó.
Hasta esta publicación y en los 47 días transcurridos desde la muerte, el Ministerio de Salud no ha divulgado una posición oficial sobre el hecho. Legalmente, la administración de vacunas es competencia exclusiva de este despacho del Ejecutivo. Por eso, aunque los operativos se organicen en dependencias locales o regionales solo el Ministerio de Salud es responsable de la correcta aplicación y el contenido de las dosis. Letra muerta, califican los familiares.
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