Caracas.- El gobierno de Nicolás Maduro trasladó a más de 700 presos políticos a los centros penitenciarios de Tocuyito y Tocorón. Estos ciudadanos, arrestados arbitrariamente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, fueron sacados de diversos calabozos policiales en todo el país, sin previo aviso ni información para sus familiares, según expone el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Las redes sociales se llenaron rápidamente de imágenes dolorosas en las que se podía ver a los detenidos siendo forzosamente trasladados, en medio de la desesperación y el miedo de sus seres queridos. Según testimonios, varios de los detenidos fueron llevados inicialmente al Internado Judicial Capital «Yare III», donde les raparon la cabeza y los pusieron uniformes azules, para luego ser transportados en autobuses hacia los penales de Tocorón y Tocuyito.
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El 27 de agosto se reportaron más traslados desde otras instalaciones policiales, incluyendo la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en San Francisco, estado Zulia, y la Dirección de Investigaciones Penales en Barinas. A pesar de la angustia de los familiares, no se proporcionó ninguna información sobre el destino final de los prisioneros.
El 30 de agosto, se sumaron más denuncias desde Nueva Esparta, donde un grupo de presos fue trasladado en avión hacia el territorio continental, una clara violación al debido proceso. También hubo reportes de traslados desde los estados Táchira y Apure, incrementando la incertidumbre y desesperación de los familiares.
Hasta la fecha, ninguna de las personas trasladadas ha podido tener contacto con sus familiares ni designar a sus abogados de confianza. Esta situación se agrava por la falta de atención médica y psicológica a los detenidos, muchos de los cuales padecen enfermedades crónicas o discapacidades.
La detención arbitraria y el aislamiento prolongado tienen un impacto devastador en la salud mental de las víctimas, que pueden sufrir secuelas psicológicas a largo plazo, como trastornos de ansiedad, estrés postraumático y depresión. Estas personas, además, enfrentan enormes dificultades para reintegrarse a la sociedad, cargando con el estigma y las heridas emocionales de su injusto encarcelamiento.
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