Las investigaciones en los sistemas de justicia de Perú, Ecuador y Colombia por la compra y comercialización ilegales de insumos básicos para hacer frente al COVID-19 revelan que están involucrados trabajadores del sector salud, funcionarios de los cuerpos de seguridad de los Estados, empresas privadas y políticos. Por otra parte, en Venezuela se registraron 40 detenciones de casos menores