El Centro Carter confirmó que enviará una misión a Venezuela para observar las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La organización con sede en Atlanta aceptó una invitación que la autoridad electoral de Venezuela le extendió en marzo, según Jennie Lincoln, su asesora principal para América Latina y el Caribe, publicó Bloomberg.
El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Conrado Pérez, hace dos semanas adelantó sin mayores detalles que algunas organizaciones, incluido el Centro Carter, habían validado su presencia como veedores del proceso comicial.
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La confirmación de Lincoln ocurrió en medio de pedidos al CNE para revertir su decisión de anular la invitación a la Unión Europea (UE) para observar el evento del 28 de julio.
El Parlamento español fue el más reciente. El miércoles aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno de Venezuela permitir a la UE que sea observadora internacional en las elecciones.
Según el Acuerdo de Barbados, suscrito entre el Gobierno y la oposición, el bloque comunitario, entre otras organizaciones, tendrían observación el 28 de julio.
Sin embargo, el presidente del CNE anuló la invitación a la UE tras la ratificación de sanciones por parte del bloque comunitario contra líderes del gobierno venezolano.
Además de la UE, Colombia y Brasil anunciaron que no enviarán una misión de observaciones para las presidenciales en Venezuela.
La oposición venezolana ha insistido en el respeto al Acuerdo de Barbados para garantizar la observación electoral internacional y la transparencia del proceso comicial.
El Centro Carter es una de las organizaciones mejor valoradas en el mundo en cuanto a la observación de elecciones.
Enjerencia gubernametal según informe de las elecciones de 2021
En 2021 una misión del Centro Carter observó las elecciones regionales de Venezuela y concluyó que la injerencia política y gubernamental socavó al Poder Electoral.
El informe del organismo reveló que las disposiciones legales relativas a los medios de comunicación y la libertad de expresión, la inscripción de candidatos, la suspensión de derechos políticos, la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales no cumplen con los estándares internacionales básicos para elecciones democráticas.
Además destacó la exclusión de candidatos clave de la oposición, la sustitución arbitraria por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de los comités ejecutivos de los partidos de oposición y disidentes chavistas, así como el contexto general de represión política.
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