El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) denunció la desaparición forzada de cuatro miembros de la familia Guillén en el estado Carabobo.
Entre las víctimas se encuentran Miriam Fernández Ruiz (72), Miguel Ángel Guillén Ibarra (17), Chantal Niulany Guillén (21) y la niña Nicole de Los Ángeles Palermo, de dos años. Los hechos ocurrieron entre el 4 y 5 de septiembre de 2025, cuando funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ingresaron sin orden judicial a la vivienda familiar en Paso Real y se llevaron a la abuela y al adolescente.
Al día siguiente, Miguel fue obligado a llamar a su hermana Chantal para que acudiera a una sede policial, donde también fueron detenidas ella y su hija. Desde entonces, se desconoce el paradero de todos.
Desaparición forzada como práctica sistemática
De acuerdo con el Clippve, la negativa de las autoridades a informar sobre el estado y la ubicación de las víctimas configura una desaparición forzada, prohibida tanto por la Constitución venezolana como por el derecho internacional.
El organismo subrayó que este patrón responde a una práctica conocida como Sippenhaft, o represalias contra familiares, utilizada para sembrar miedo en la población. La detención de una niña, un adolescente y una mujer de la tercera edad resalta la gravedad del hecho, que constituye una violación de derechos humanos de máxima dimensión.
Crimen de lesa humanidad
La desaparición forzada de personas, y más aún de menores de edad y adultos mayores, es considerada un crimen de lesa humanidad que no prescribe. En este caso, la responsabilidad recae directamente sobre el Estado, que tiene el deber de garantizar la vida, integridad física y psicológica de la familia Guillén.
Organizaciones de derechos humanos han alertado que la falta de información oficial, la incomunicación y el aislamiento prolongado representan un grave riesgo para las víctimas.
Exigencias y llamado internacional
El Clippve exigió al Estado venezolano informar de manera inmediata el paradero de Miriam, Miguel, Chantal y Nicole, garantizar su integridad y proceder a su liberación sin condiciones. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional, a Naciones Unidas y de manera especial a UNICEF, para que documenten y se pronuncien sobre esta desaparición forzada, en resguardo de los derechos de la infancia y la adolescencia consagrados en tratados internacionales.
