La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) llevará a cabo el martes una audiencia por una demanda contra el Estado de Venezuela por las alegadas violaciones a los derechos políticos y la libertad de expresión del excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski durante las elecciones que perdió con Nicolás Maduro en 2013.
La audiencia se llevará a cabo en la sede de la CorteIDH en Costa Rica y está previsto que Capriles brinde su testimonio ante los jueces.
«El caso se refiere a la alegada responsabilidad internacional del Estado por las violaciones de los derechos políticos, a la libertad de expresión, al principio de legalidad y a la protección y garantías judiciales en perjuicio de Henrique Capriles, en el marco de su participación política como candidato presidencial en las elecciones del 14 de abril de 2013», explicó la CorteIDH.
Según los antecedentes del caso, el 14 de abril de 2013, una vez finalizada la votación y el recuento digital de votos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se expidió sobre los resultados electorales, dando como ganador a Nicolás Maduro con el 50,61% de los votos, frente a Capriles que obtuvo el 49,12%.
«El señor Capriles solicitó al CNE una auditoría completa de los votos, solicitud que fue rechazada. Los recursos planteados ante el Tribunal Supremo de Justicia también fueron rechazados. Como resultado de la interposición del recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, se impuso a la presunta víctima una multa por ofender al Poder Judicial con expresiones agraviantes y ofensivas», indicó al CorteIDH.
Obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos
La demanda contra el Estado alega que en Venezuela existen serios obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos y no hay garantía de la independencia del CNE, situación que incide directa y negativamente en la protección de los derechos políticos.
Otro punto de la demanda señala que el uso de recursos y medios públicos para impulsar la campaña presidencial del candidato oficialista Maduro generó una ventaja indebida frente al resto de los candidatos.
Asimismo, la demanda alega que existían dudas razonables sobre la vinculación política de algunos miembros del Tribunal Supremo de Justicia con otras partes del proceso.
Los representantes de Capriles afirman además que la multa impuesta al excandidato por la interposición de un recurso ante el TSJ, constituyó una violación a su derecho a la libertad de expresión.
Después de la audiencia del martes la CorteIDH podría emitir una sentencia por este caso en los próximos meses.
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