Bajo una propuesta de solución, la Cámara de Comercio de Valencia presentó un proyecto que, según sus voceros, promete mitigar la crisis eléctrica que se ha agravado en el país durante el último mes. El planteamiento está centrado en la utilización de dos puntos del encaje legal crear un fondo que permita financiar a los comerciantes la adquisición de equipos que les permitan mantener la operatividad durante los apagones.
El presidente del gremio, Ernesto Abbas, aclaró que no se trata de una solución definitiva ni general, sino de una opción viable y rentable exclusivamente para los comerciantes.
Abbas insiste en la necesidad de plantear soluciones, postura que coincide con las recientes declaraciones del gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, quien arremetió contra quienes critican su gestión.
El empresario reconoce que la situación en las últimas tres semanas ha sido crítica, lo que se suma a las declaraciones del gobernador, que generan aún más preocupación en el sector empresarial. Esto ocurre luego de que, la mañana del 21 de abril, Lacava anunciara un aumento en los racionamientos eléctricos, argumentando condiciones climatológicas adversas y un incremento en la demanda del servicio. Según explicó, el calor y el uso intensivo de electrodomésticos por parte de los carabobeños estarían detrás de la crisis.
En medio de estos cortes, el gobernador aseguró que realizarían labores de mantenimiento en los circuitos con fallas, aunque no precisó cuáles.
Un plan ambicioso
Este contexto refuerza la importancia de la propuesta de Abbas y la Cámara, que enviaron a la Secretaría de Economía Productiva y Turismo, dirigida por Manuel Andrés Alonso, así como a la Gobernación de Carabobo. El plan, denominado “Luz para el Comercio”, llegó posteriormente al Ejecutivo nacional.
Abbas explicó la propuesta con claridad. “La idea es liberar dos puntos de encaje legal, que equivalen aproximadamente a 26 millones de dólares, para crear un fondo exclusivo destinado a financiar energía alternativa para el sector comercio”.
Según los economistas Paul Samuelson y Frederic Mishkin, el encaje legal consiste en una reserva obligatoria que los bancos deben mantener inmovilizada, lo que les impide prestar la totalidad de sus depósitos. Esta herramienta regula la liquidez: cuando el encaje sube, el crédito disminuye para frenar la inflación; cuando baja, aumenta el flujo de dinero y se estimula el consumo. En otras palabras, determina cuánto dinero circula en la economía.
Con estos recursos, los comerciantes podrían adquirir plantas eléctricas, inversores de carga u otras tecnologías, como paneles solares.
Tecnología como solución
Abbas detalló que, en un local de entre 50 y 100 metros cuadrados, estas alternativas permitirían mantener operativas la máquina fiscal, las computadoras y la caja registradora. Indicó que un inversor de corriente con un costo aproximado de 3.000 dólares —calculado a tasa BCV— podría cubrir esas necesidades. Con ese esquema de financiamiento, hasta 8.600 comercios podrían beneficiarse a nivel nacional.
El plan representa una alternativa ante los cortes eléctricos, ya que estas soluciones permitirían sostener operaciones durante los apagones, evitando el cierre de locales. “Son horas de venta no recuperables, lo que reduce la competitividad de los negocios”.
El propio Abbas subrayó que esta propuesta atiende solo a un sector y no resuelve de forma definitiva la crisis eléctrica. Reconoce que el problema requiere inversiones mucho mayores. “Pero tampoco podemos seguir con locales cerrados mientras pagamos impuestos fiscales y parafiscales con menos horas operativas”, advirtió.
En declaraciones ofrecidas a El Carabobeño en marzo, Abbas señaló que las pérdidas para los comercios son significativas: “Si un negocio trabaja de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. y pierde cinco horas por racionamiento, deja de operar entre un 35 % y 42 % de su tiempo. Eso impacta directamente las ventas y aumenta el peso de los costos fijos”.
Una necesidad urgente
En 2024, Abbas estimó que solo el 36 % de los comercios en Valencia contaba con fuentes alternativas de energía, como plantas eléctricas o inversores. Aunque esa cifra probablemente ha aumentado, aún no existe un dato actualizado ni un desglose por tipo de comercio.
Si se calcula que un valenciano sufre al menos cuatro horas diarias sin electricidad, cuatro veces por semana, se acumulan 16 horas semanales sin servicio. Al mes, esto equivale a 64 horas, es decir, casi tres días completos sin electricidad.
Abbas aseguró que, de aprobarse el plan, podría activarse de inmediato: “El país cuenta con suficientes equipos para abastecer el mercado. Solo falta que los comerciantes se postulen. Esto generaría un cambio importante en la economía y traería beneficios”.
