La Organización de los Estados Americanos (OEA) respalda a Petro en medio de un aumento de las tensiones entre el Gobierno y la Corte Suprema.
La secretaría general de la OEA, encabezada por Luis Almagro, rechazó los intentos de distintos actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia. Repudiió además las amenazas a la interrupción del mandato constitucional de Gustavo Petro.
En un comunicado, Almagro subrayó la vital importancia de que se nombre a un nuevo fiscal en el país para brindar certeza constitucional y política.
«La Secretaría General de la OEA solicita que todos los actores e instituciones estatales respeten los principios democráticos y que se asegure la gobernabilidad constitucional a las autoridades electas», destacó la OEA.
OEA respalda a Petro: aumentan las tensiones
La OEA respalda a Petro en medio de las fuertes tensiones entre el Gobierno y la Corte Suprema. Primero, por la elección de una nueva fiscal general y, segundo, por denuncias de un supuesto intento de golpe de Estado.
Ninguna de las tres candidatas de Petro al cargo de fiscal obtuvo los votos necesarios para ser nombrada. Esto provocó que un grupo de manifestantes intentara entrar en la sede del alto tribunal en Bogotá.
La votación había causado gran expectativa, en medio de protestas en la capital para presionar a la Corte. Es necesario nombrar al sustituto del actual fiscal, Francisco Barbosa, enfrentado con Petro.
En los últimos días el presidente colombiano ha alentado movilizaciones populares. Alega que su Gobierno es víctima también de una «ruptura constitucional» orquestada por Barbosa. Especialmente, por las investigaciones de la Fiscalía contra personas de su entorno, entre ellos su primogénito, Nicolás Petro Burgos, procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Rechazo a protestas frente a la Corte Suprema
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Gerson Chaverra, condenó en duros términos el «bloqueo violento e ilegal» de manifestantes afines al Gobierno al Palacio de Justicia. Acto que consideró «inaceptable».
«Además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país», manifestó el magistrado en una declaración.
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