Varias organizaciones no gubernamentales de Venezuela exigieron este domingo la liberación de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano. Foto Archivo
Varias organizaciones no gubernamentales de Venezuela y Amnistía Internacional exigieron este domingo la liberación de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano.
Amnistía Internacional (AI) pidió la libertad inmediata e incondicional de Rocío San Miguel. La activista y defensora de derechos humanos , presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida el viernes y se desconoce su paradero.
En la red social X, Amnistía Internacional aseguró que «está monitoreando la denuncia de desaparición forzada» de San Miguel. Pidió respeto a sus derechos y a la medida cautelar de protección dictada a su favor por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012. También abogó por el «acceso a abogados y familiares».
El coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, exigió al fiscal general, Tarek William Saab, y al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, información y la inmediata liberación de Rocío San Miguel.
El Frente Amplio de Mujeres rechazó contundentemente la «detención arbitraria y desaparición» de la activista. Ellas exigieron de inmediato fe de vida. Alertaron a la comunidad internacional de «esta escalada de represión a las puertas de una elección presidencial».
Un Mundo Sin Mordaza indicó que ya se cumplieron «48 horas de la desaparición» de San Miguel. El SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)-DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) hizo el arresto en el aeropuerto» internacional de Maiquetía.
Más ONG piden liberación de Rocío San Miguel
Las organizaciones Una Ventana a la Libertad (UVL), Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Familia SOS Libertad, Voto Joven, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Fundaredes, Transparencia Venezuela, Observatorio de Violencias LGBTIQ+ y Civilis también rechazaron, a través de mensajes en X, la detención de la activista.Por su parte, dirigentes antichavistas, quienes condenaron la detención, alertaron a la comunidad internacional de este hecho, del que responsabilizan al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La activista y defensora de derechos humanos informó este mes sobre una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Según explicó el Estado venezolano debe presentar, «a más tardar el 6 de mayo», un informe sobre el cumplimiento de una sentencia dictada en 2018 a su favor y de otras dos personas. El caso es el despido de sus cargos públicos en 2004, tras haber firmado la convocatoria a referendo revocatorio del entonces presidente Hugo Chávez.
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