La organización humanitaria Cristosal registra 3.730 personas «vulneradas en sus derechos» en el contexto de la polémica medida de régimen de excepción, implementada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, que suspende varias garantías constitucionales y que se ha convertido en la principal y única acción contra estas bandas, según datos compartidos este jueves a EFE.
El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022, decretado tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas o maras en el país centroamericano.
De acuerdo con los datos oficiales, desde marzo de 2022 suman más de 75.100 las detenciones de personas acusadas de ser pandilleros o colaboradores, de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.
Cristosal ha recibido 3.584 denuncias entre el 27 de marzo de 2022 y el 31 de enero del presente año, con 3.730 personas afectadas en sus derechos, de las que el 57,5 % son jóvenes entre los 18 y 30 años.
El 96,7 % de las denuncias son por detenciones arbitrarias, el 25,9 % por allanamiento ilegal de morada y un 10 % por malos tratos.
Las estadísticas indican que 58 casos son de personas de la población LGTBI, mientras que el 84,9 % del total de afectados son hombres y el 14,7 % son mujeres.
Además, la organización ha atendido 1.009 personas en condición de desplazamiento interno forzado por violencia durante el período del régimen de excepción. Del total del hechos de violencia, el 35,2 % fueron cometidos por las pandillas y el 46,2 % por agentes de la Policía Nacional Civil o militares.
La medida de excepción se ha convertido en la principal acción de seguridad del Gobierno de Bukele y en su máxima carta propagandística de cara a las elecciones presidenciales del 4 de febrero, en las que se prevé que Bukele gane.
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